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Piden al nuevo Consejo investigar al magistrado por presunta falta disciplinaria
El expresidente catalán Carles Puigdemont y el eurodiputado de Junts Toni Comín denunciaron ante el Consejo General de Justicia (CGPJ) al instructor del expediente «del juicio», el magistrado Pablo Llarena, por el «retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución» de los recursos ante la aplicación de la Ley de Amnistía.
En su escrito, recogido por Europa Press, el abogado Gonzalo Boye pide al órgano de gobierno de los jueces que investigue este retraso, al considerar que el magistrado del Tribunal Supremo incurrió en una falta disciplinaria a la Ley Orgánica de Justicia al «exceder más del plazo señalado» en el reglamento de resolución de conflictos.
Y, apunta el letrado, «el incumplimiento de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales tiene la respuesta disciplinaria en las infracciones muy graves, graves y leves».
Se presentaron, en concreto, contra el auto por el que el juez declaró inaplicable la amnistía por el delito de malversación imputado a Puigdemont y Comín. Contra esta decisión también recurrieron al menos la Fiscalía, la Fiscalía del Estado y la defensa de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y del exconseller Lluís Puig.
El abogado asegura que «los demandantes presentaron dos recordatorios respecto de las convocatorias pendientes de dicha reforma». «No cabe duda de que el Magistrado tenía conocimiento individual de las circunstancias particulares del asunto, siendo específicamente informado de su retraso hasta en dos ocasiones, pero procedió sin remitirlo», afirma.
Todo ello afecta a su escritura, a pesar de que Llarena dejó sus «vacaciones vacías, con el evidente deseo de supervisar la captura» de Puigdemont. «Lo cual, además de poner de relieve el mal de la demora, indica que no existe motivo justificable de ningún tipo para que no se resuelva en el plazo legal», concluye.
