Puerto Gallego y exmiembros del PSOE de Santoña ponen fin a dos décadas de juicio con respeto a la sentencia
La defensa del exalcalde de la ciudad de Santoña Puerto Gallego (PSOE) y de los ocho concejales socialistas que formaron parte de su equipo de gobierno condenados por irregularidad administrativa durante su etapa al frente del Ayuntamiento no tiene intención de recurrir la reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cantabria y que ratifica la anterior sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, que impuso cinco años de inhabilitación al alcalde y cuatro a los concejales, por el fraccionamiento de contratos entre 2003 y 2009.
Así, al no impugnar esta última resolución, los acusados, además de cumplir la sentencia, pondrían fin a un proceso judicial de dos décadas que comenzó con una denuncia del entonces representante de Falange en la ciudad de Santoña, el concejal Leoncio Calle Pila, por las supuestas irregularidades cometidas en aquellos años, a las que posteriormente se sumó el Partido Popular.
Ejecutaron la acusación particular y solicitaron respectivamente nueve y ocho años de inhabilitación para todos los imputados, pena esta última que también solicitó el fiscal, y para empleo o cargo público, cuando el representante del Ministerio Público entendió que se había cometido la prevaricación. Los abogados defensores pidieron la absolución de todos.
Tras el juicio oral, Gallego fue condenado a cinco años de inhabilitación especial -para cargos públicos en el gobierno local-, mientras que sus concejales socialistas -acusados también de aprobar por unanimidad el pago de facturas pese a las objeciones del interventor- recibieron cuatro años de inhabilitación para ocupar esos cargos o los de concejal, teniente de alcalde o cualquier otro electivo en el ámbito municipal.
El juez valoró la atenuación de las demoras injustificadas altamente calificadas en este expediente, que comprende más de seis mil fojas y que fue conocido casi veinte años después de las primeras irregularidades denunciadas y más de una década después de iniciada la investigación.
La Sección Primera de la AP rechazó los recursos de apelación de los dos representantes legales de los nueve imputados en sentencia dictada a mediados de junio, con la que la Sala corroboró la decisión del tribunal inferior de noviembre de 2021.
En la nueva resolución, el tribunal reafirma que los procesados mantuvieron una actitud «ilegal y punible» y entiende que quedó «plenamente acreditada» la conducta ilegal y arbitraria llevada a cabo para eludir los controles de legalidad inherentes a la actuación administrativa durante el período del juicio.
Así, no cabía «duda», existiendo prueba documental, de que los Consejos de Administración objeto del procedimiento aprobaron «sucesivamente» facturas emitidas por cuatro empresas por servicios y suministros que eran prestados «continuamente» por ellas, a pesar de las objeciones de ilegalidad del auditor municipal que «no fueron abordadas ni planteadas».
Los jueces del Tribunal se pronunciaron así tras incorporar nuevos documentos y testimonios del ex concejal socialista de Santoña Sergio Abascal, que declaró en febrero de este año a petición de uno de los abogados defensores. Esta prueba, rechazada al inicio de la audiencia judicial, fue admitida posteriormente por el tribunal de apelación y se sumó a la practicada durante la sesión del pleno, celebrada en la sala de sesiones del complejo judicial de Las Salesas hace más de dos años y medio.
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