Después de aprobar una serie de reformas económicas en el Congreso, el presidente ultraderechista Javier Milei impulsará una nueva ley penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad de un menor de 16 a 13 años, en un contexto donde la inseguridad se consolida entre las mayores preocupaciones de los argentinos, incluso por encima de la inflación.
«Esta nueva ley combatirá el persistente aumento de la delincuencia juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado el viernes. «Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños, niñas y adolescentes para delinquir sin control, evadiendo así la responsabilidad penal».
Un día después de su victoria en el Congreso con la aprobación de un paquete de reformas para desregular la tercera economía de América Latina, Milei enfrenta un endurecimiento de la política criminal en un país que en las últimas décadas se ha caracterizado por la aplicación de una doctrina menos dura con el crimen.
«La legislación penal juvenil que se aplica hoy es de los años 80, los jóvenes de hoy no son comparables a los de hace más de cuatro décadas», argumentó la cartera de Justicia.
La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los menores (18) pueden ser juzgados y recluidos en prisión.
El borrador oficial establece que los menores entre 13 y 18 años cumplirán sus condenas en «unidades especiales o secciones separadas de las instalaciones penitenciarias, bajo la dirección de personal calificado».
La pena máxima no debe exceder los 20 años, y al cumplirse los 2/3, el tribunal puede ordenar la «continuación de medidas alternativas», que no fueron especificadas en el comunicado oficial.
Muchos de los episodios de inseguridad que mayor impacto han tenido en la opinión pública en los últimos tiempos han sido cometidos por menores. Un caso fue el de un joven de 15 años que mató a sangre fría a un empleado de una gasolinera en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en represalia por la decisión de las autoridades de endurecer las condiciones de detención de los narcotraficantes en cárceles provinciales y federal desde el cual continúa su actividad.
En el caso de penas de 3 a 6 años, siempre que no haya habido muerte de la víctima, violencia física o psíquica grave contra las personas, lesiones muy graves y el menor no sea reincidente, la pena podrá sustituirse por: amonestación, prohibición. de aproximación a la víctima o su familia, prohibición de conducir, prohibición de viajar, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios comunitarios y seguimiento electrónico.
Bajo el concepto de «Criterio de Conveniencia», el fiscal puede renunciar a la «acción penal total o parcial» si la pena es inferior a seis años y no concurren otras circunstancias, como la muerte de la víctima, lesiones muy graves, la existencia de otros procesos, etc.
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa se refiere a los menores no responsables (menores de 13 años), ya que obliga a los jueces a ordenar su internamiento para rehabilitación social «teniendo en cuenta el riesgo de que el menor cometa nuevos delitos».
Unicef advirtió que «en Argentina la reforma del sistema de justicia penal juvenil no requiere bajar la edad de pena, lo que podría interpretarse como un retroceso en materia de derechos humanos y una medida regresiva».
Para la organización «hay experiencias internacionales que han demostrado que la reducción de la edad de pena no era una medida eficaz en la lucha contra la inseguridad». Ya ha advertido de que «la mayoría de los delitos cometidos por menores involucran a adultos… por lo que son necesarios mayores esfuerzos desde las políticas de seguridad de adultos para evitar esta cooptación».
Más allá de que la inseguridad está entre los temas que más preocupan a los argentinos junto con la inflación y el desempleo, el proyecto para establecer una nueva ley penal para menores promete un intenso debate en el Congreso, sobre todo por la resistencia de partidos progresistas y de izquierda. Siendo el partido gobernante la tercera fuerza en ambas cámaras, el gobierno tendrá que buscar consenso en la oposición más dialogante, como ocurrió con las reformas económicas que tardaron seis meses en aprobarse.