El lunes, el PP y Vox avanzaron en el pleno del Parlamento de Cantabria la consideración del proyecto de ley para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la Comunidad Autónoma.
Con ello, se inician los trámites legislativos para eliminar esta norma autonómica aprobada en la pasada legislatura por el PRC y el PSOE, que votaron en contra y se comprometieron a impulsar una nueva ley cuando vuelvan a tener mayoría parlamentaria.
De esta forma, PP y Vox inician en Cantabria el camino ya recorrido en Aragón, Castilla y León y Valencia para derogar la ley autonómica de memoria histórica y, además, lo hace mediante tramitación urgente, reduciendo a la mitad los plazos de reglamentación.
La propuesta de derogar esta ley marcó el inicio del debate en el pleno de la Cámara regional este lunes, al que asistieron miembros de la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria.
Desde el PP, que incluyó la derogación de esta ley en su programa electoral para 2023, el diputado Iñigo Fernández defendió el proyecto de ley propuesto por su grupo porque «la convivencia en la región será mejor sin esta ley».
Fernández justificó la iniciativa porque la ley fue aprobada «sin consenso alguno», lamentando que se trató de «una imposición» del PSOE al PRC en el Consejo de Gobierno y posteriormente al resto del arco político en el Parlamento y que, según él, seguro. , «a pesar del ofrecimiento de diálogo honesto» hecho por los «populares».
«Esta ley nació con un pecado original: estableció víctimas de primera y segunda categoría, con reconocimiento y reparación para las víctimas que se opusieron al golpe militar y con subsidios para financiar las actividades de las asociaciones de memoria histórica de un lado, no del otro. .” afirmó el parlamentario del PP.
Para Fernández, derogar esta norma significa «dar un paso en defensa de la convivencia, las libertades y las instituciones democráticas frente al atropello que supuso la aprobación de una norma de este tipo al azar y por la imposición del tercero en la Cámara». «
Para concluir, Fernández aseguró que «el pueblo» está «abierto a sentarse a conversar» para lograr una nueva ley con consenso, «cosa que no se hizo hace tres años cuando se aprobó vigente esa ley».
Por su parte, la portavoz del Parlamento de Vox, Leticia Díaz, defendió esta derogación porque «no pueden estar vigentes normas que provocan resentimiento y división entre los españoles» y sostuvo que en otras comunidades, junto al PP, su partido sí lo hizo. leyes de «reconciliación, en las que se respete la memoria de todas las víctimas».
Díaz criticó que esta ley se hizo «para reescribir la historia, al gusto de un partido», con una «visión sectaria impuesta por los socialistas» en las comunidades autónomas. «Las cosas no se hicieron bien y ahora se está intentando arreglar», afirmó, y defendió «los derechos de todas las víctimas, de ambos lados».
Así, consideró que la actual ley «es un atentado contra la libertad política, de pensamiento, de academia… es una herramienta para dividir a los españoles, con una visión entre el bien y el mal»; En definitiva, dijo, «una memoria histórica que sigue la confrontación social».
Ante la postura de los «populares» y Vox, los regionalistas y socialistas expresaron su compromiso de aprobar una nueva ley de memoria democrática cuando vuelvan a tener «mayoría» parlamentaria y lamentaron que el PP, con el apoyo de Vox, elimine a una norma que daba «dignidad».
Así, el portavoz del PRC, Antonio Hernando, consideró que «es un día triste» porque se deroga una ley, «la más debatida de la anterior legislatura», sin respetar «la libertad, la convivencia y las libertades reconocidas por la Constitución española». .
Sobre la oferta de diálogo a la que se refiere el PP, Hernando recordó que se trataba de una petición de suspender la tramitación de la ley para crear una mesa entre todos los partidos y hizo la misma propuesta: «Yo también propongo» suspender la tramitación de la derogatoria y para crear una tabla de todas las partes’. «Acepte su propia propuesta», añadió.
«La ley de la memoria representa la justicia histórica. No es una amenaza para la convivencia de esta región y lo único que pretende es recuperar su memoria, su dignidad. Justicia para todos, sin bandos, sin ganadores ni perdedores, para el pueblo. Nosotros. Hay que ser humanos y defender los derechos de todos», argumentó Hernando para el que, «si se inicia el proceso de derogación de esta norma, violaréis esa máxima que tanto os llena (PP y Vox), que es el apoyo a la Constitución española del 78».
Si bien el portavoz del PSOE, Mario Iglesias, denunció que el PP «siempre ha estado en contra de cualquier ley que promueva derechos», según dijo, es el caso de la Ley de Memoria Democrática, que defiende «los derechos humanos, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a reparación».
«La memoria histórica no tiene nada que ver con el rencor, con el ajuste de cuentas, con la venganza, sino con la reivindicación de justicia y de la dignidad de las víctimas», argumentó Iglesias, que lamentó que el PP justifique la propuesta de derogar la convivencia cuando » es difícil». que llamen dictadura a los 40 años en los que el franquismo sometió a este país y a sus ciudadanos». «Dejen de blanquear la dictadura», ha pedido a los diputados «populares» y a VOX.
Y les ha dicho que «miento cuando digo que la ley es sólo para un lado», cuando también se refiere a la búsqueda y recuperación en una sima de Bejes, en Liébana, de los restos de Eloy Campillo «que fue un derecho. – el alcalde municipal del ala asesinada por los maquis». “Entonces dejen de decir que esta ley es sólo para algunos, porque es para todas las víctimas”, subrayó.
Aunque el proyecto de ley para derogar la Ley de Memoria Histórica se tramitará con urgencia, tal y como acordaron PP y Vox, tendrá que pasar por la comisión parlamentaria correspondiente.
De esta forma, con la aprobación del examen en el pleno del lunes, el Consejo del Parlamento acordará transmitirlo a la comisión competente y abrir el plazo para que los grupos soliciten asistencias y, posteriormente, se abrirá un plazo para la presentación de las enmiendas.