Postura del PSOE sobre financiación autonómica basada en privilegios.
El PSOE afirmó en la Declaración de Granada firmada en 2013 que defendería un estado de autonomías solidario para reducir las desigualdades entre territorios y los «privilegios» rechazados entre los ciudadanos en función de su lugar de residencia. En 2017, con Pedro Sánchez al frente del partido, ratificaron este documento en un acuerdo con el PSC.
El texto fue aprobado por el Consejo Territorial, órgano del partido integrado por «barones» y la dirección federal, entonces presidido por Alfredo Pérez Rubalcaba, y establece la doctrina del partido sobre la organización territorial del Estado y las relaciones entre las comunidades autónomas. con la administración central.
Se trata del mismo órgano -ahora llamado Consejo Político Federal- que algunos dirigentes han pedido al presidente del Gobierno y al secretario general, Pedro Sánchez, que convoque esta semana, ante el pacto anunciado con ERC para establecer un acuerdo económico en Cataluña, que llevaría este comunidad bajo el régimen común y permitirle gestionar todos sus impuestos.
Varios barones del PSOE, entre ellos los presidentes de Asturias, Adrián Barbón y de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, y el secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, y del de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, expresaron su rechazo a la concierto, advirtiendo que supondría una ruptura de la igualdad entre españoles y de la solidaridad entre territorios. Además, pidieron un debate interno para decidir la posición del PSOE sobre la financiación autonómica.
Así, la Declaración de Granada establece que el PSOE defenderá un Estado de autonomías del siglo XXI, con una estructura territorial federal capaz de garantizar «la igualdad básica de derechos a todos los ciudadanos, residan donde residan», como dice el texto. «Sí a las diferencias legítimas, no a los privilegios ni a la discriminación», añade.
El documento también dice abogar por «el respeto a las identidades diferenciadas en España, compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común» y subraya que el sistema debe basarse en la «solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales».
El PSOE expuso esta postura en 2013, años antes del proceso independentista de Cataluña, aunque ya había alertado de las aspiraciones secesionistas de los partidos nacionalistas y advertido de que habían abandonado el «terreno de la moderación».
Años más tarde, en 2017, con Pedro Sánchez ya al frente de la secretaría general del partido, el PSOE ratificó esta declaración y en un pacto con el PSC que denominó Declaración de Barcelona.
«Tal y como formulamos en julio de 2013 en la ‘Declaración de Granada’, estamos convencidos de que la solución definitiva al actual desacuerdo pasará por una reforma constitucional que convierta a España en un Estado federal. En este camino hay que avanzar hasta reconocer plenamente su carácter plurinacional”, indicaron PSOE y PSC.
El comunicado de Barcelona afirmaba que el PSOE impulsaría un sistema de financiación «más justo y equitativo» y advertía de que las comunidades se enfrentaban a problemas a la hora de financiar las leyes de salud y adicciones. «En esta negociación los socialistas defenderemos la propuesta de financiación contenida en los Acuerdos de Granada», aseguraron.
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