Plazo de dos años para adaptar informes en residencias de mayores
Las residencias de mayores tendrán dos años para ajustar las tarifas de los trabajadores al nuevo modelo a partir de mañana, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la orden de acreditación para mejorar los requisitos de calidad. La ministra de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, expresó esto en un desayuno informativo organizado por Executive Forum España, donde envió un recordatorio a los afectados por DANA en la Comunidad Valenciana.
La orden afecta a los centros que solicitan la acreditación por primera vez, así como a los ya acreditados, que deberán solicitar su renovación y adaptación en un plazo de dos años, según afirmó el concejal. La orden exigirá un mínimo de 0,45 trabajadores de cuidados directos en las residencias de mayores con más de 50 camas por dependiente y un 0,37 en las de menos de 50, además de un mínimo de 0,50 trabajadores por persona con discapacidad.
En cuanto a las guarderías, no pueden superar las 50 plazas. Los centros de sénior tendrán una ratio mínima de plantilla de 0,23; los de discapacidad, 0,25; y los de carácter profesional, el 0,13. Las viviendas públicas ya cumplen con estos requisitos, según fuentes de la Dirección de Familia, por lo que la medida está más enfocada a las concertadas y privadas.
Este nuevo modelo de residencia de la Comunidad de Madrid se diferencia de las directrices marcadas por el Ministerio de Derechos Sociales a finales de octubre, cuando aún lo dirigía la ex ministra Ione Belarra (Unidas Podemos), y el concejal madrileño presentó su propia propuesta. En la región, las unidades de convivencia tendrán un máximo de 25 personas, los centros de nueva construcción no podrán superar las 150 plazas, y el 50% de las habitaciones tendrán que ser individuales.
A principios de octubre, el concejal anunció la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día para personas mayores y dependientes de aquí a 2030, con el objetivo de llegar a 2.460 plazas y más de 800 plazas de día para la red pública, una inversión de 500 millones de euros y 15.000 puestos de trabajo.
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