El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, declaró este jueves, en respuesta a la petición de Vox, que insta a cambiar su política migratoria si quiere pactar el presupuesto de la Comunidad para el próximo año, que «la aprobación no puede ser condicionada» y que «no se pueden aprobar presupuestos en violación de la ley».
En una rueda de prensa después de la reunión del Consejo de Gobierno y preguntado sobre este asunto, Ortuño enfatizó que para la comunidad «es fundamental tener buenos presupuestos para activar la economía, fortalecerse como polo de atracción de inversiones y garantizar el Estado de bienestar», y pidió «dejar de lado los intereses partidistas fuera de la Región de Murcia».
«Aquí debemos tomar decisiones importantes para nuestra tierra, pensando en los de aquí», afirmó Ortuño, quien consideró que «se debería decidir en Madrid si los ciudadanos de la Región tendrán o no presupuestos para determinadas solicitudes de inmigración, en el sentido de que nosotros no tenemos competencia, no vemos ninguna justificación».
En cuanto a la posibilidad de ampliar los presupuestos, comentó que, debido a las fechas, es «imposible aprobarlos el 31 de diciembre», por lo que se prorrogarán automáticamente, algo que «ya ha ocurrido en otras ocasiones» y que «no es el mayor problema».
«Pero seamos claros en nuestra disposición al diálogo y nuestra posición abierta para intentar llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios y poder tener buenos presupuestos para la Región», señaló.
En este sentido, quiso aclarar que los presupuestos autonómicos para 2025 «están prácticamente definidos», pero «falta un dato esencial que debe aportar el Gobierno de España», que es el objetivo de déficit, el cual «una décima nos permitiría tener 40 millones de euros extra». Esto, dijo, «condiciona todo, incluido el diálogo con los grupos parlamentarios».
«Espero que el señor Vélez -refiriéndose al líder de los Socialistas de Murcia- pida a Pedro Sánchez que concrete ese objetivo de déficit, porque, insisto, es muy importante poder concretar y definir con rigor la elaboración de los presupuestos por parte de la comunidad autónoma», afirmó.
Ortuño quiso dejar claro el «rechazo absoluto» del Gobierno regional a las políticas migratorias estatales y calificó de «imprescindible» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «actúe en los países de origen, implique a la UE, escuche a las comunidades y establezca un plan con los recursos económicos necesarios».
«En la Región de Murcia recibimos decenas de inmigrantes que llegan por nuestras costas, más los que Pedro Sánchez está llegando por avión desde otros puntos de España», mencionó.
En este sentido, afirmó que «si la premisa para tener presupuestos es el rechazo a las políticas de Pedro Sánchez, no hay problema», al tiempo que aseguró que desde su Gobierno «seguimos con la mano tendida y con plena voluntad para aprobar un presupuesto que será bueno para la Región de Murcia».
Ante las declaraciones del líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, en las que afirma que «la falta de liderazgo del Gobierno de López Miras mantiene a la región en una situación de suspensión de pagos, de ideas y de futuro», Ortuño comentó que estas afirmaciones «no son ciertas».
«El gobierno está trabajando bien, no hay suspensión de pagos, tenemos ideas, tenemos proyectos», destacó.
Sobre la reanudación de las negociaciones en materia de inmigración entre el PP, el Gobierno central y los de Canarias y Ceuta, Ortuño afirmó que el Ejecutivo español «debe asumir sus competencias en esta materia» y «no eludir su responsabilidad».
«No se puede llevar este tema a las comunidades como se hace; hay que actuar en los países de origen, implicar a la UE, tener una planificación estratégica, una política de inmigración, que evidentemente no se tiene; proporcionar a las comunidades los recursos económicos necesarios y escucharlas si somos parte de esta solución», enfatizó.
Según Ortuño, «el Gobierno español no está haciendo nada de esto», al que acusó de pasar «de un escándalo a otro» y «simplemente limitarse a perpetuarse en el poder» sin gobernar, «mientras que los problemas de los españoles crecen», como es el caso de la inmigración.
