Mensaje de Cosidó desvela mediación europea

Mensaje de Cosidó desvela mediación europea

Desde que expiró el mandato en 2018, el organismo ha sufrido cinco dimisiones y ha tenido tres presidentes.

El PSOE y el PP han llegado a un acuerdo para renovar lo que se ha convertido, para consternación de sus miembros, en el Consejo General de la Magistratura (CGPJ) de mayor trayectoria. Fueron necesarios cinco años y medio para acordar 20 nombres, durante los cuales surgieron una serie de desencuentros, desde el «whatsapp» del exsenador «popular» Ignacio Cosidó hasta la mediación de Europa.

El actual CGPJ se constituyó el 4 de diciembre de 2013 y finalizó su mandato cinco años después. Desde entonces se esperaba que los socialistas y los partidos «populares» se pusieran de acuerdo sobre la composición del próximo Consejo.

El proceso de renovación se inició en agosto de 2018, cuando su presidente, Carlos Lesmes, informó a las Cortes de la apertura del plazo de nombramiento, ya que los 20 miembros son elegidos a partes iguales por ambas cámaras, 10 cada una -6 entre jueces y magistrados y 4 entre juristas de reconocida competencia–.

En septiembre, Lesmes les remitió la lista de los 51 precandidatos propuestos por las asociaciones judiciales para los 12 escaños correspondientes a jueces y magistrados.

El 12 de noviembre de 2018 se anunció un acuerdo por el que PSOE y PP colocaban al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, al frente del CGPJ, a cambio de la existencia de 11 vocales progresistas y 9 miembros conservadores.

Unos días después, el acuerdo saltaba por los aires por un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el chat de WhatsApp de los 146 senadores «populares» del momento. Como reveló El Español, quiso calmar los ánimos ante las críticas internas al pacto.

«A 4 de diciembre de 2018 no había acuerdo político para nombrar un nuevo CGPJ. Al cabo de un mes, Lesmes envió la primera de sus cuatro cartas a los presidentes de las Cortes para recordarles la «necesidad» de cumplir la Ley Orgánica de Justicia (LOPJ), que les encomienda actuar para su oportuna renovación.»

Su última carta a la Legislatura fue en julio de 2020, cuando se celebraron las elecciones generales de noviembre de 2019 que validaron el desembarco de Pedro Sánchez en La Moncloa, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, y en la fase de desescalada tras el primer estado. de alarma. Respecto al coronavirus, ha tenido a bien recordar a las Cortes ese «mandato legal».

Sin embargo, en septiembre de 2019, Lesmes actuó en la inauguración del año judicial como presidente de un CGPJ caducado y advirtió de que la situación era una «grave anomalía» que podría contribuir al «descrédito» del Poder Judicial.

Lesmes pronunció durante la legislatura hasta cuatro discursos inaugurales del curso judicial. El 7 de septiembre de 2022, amenazó veladamente con dimitir, que luego confirmó a los medios de comunicación.

En la segunda mitad de 2020, las negociaciones sobre el CGPJ estuvieron ligadas al calendario electoral y otros hitos políticos que acercaron y alejaron el acuerdo.

Ese otoño, el Gobierno lanzó dos iniciativas parlamentarias para empujar al PP a llegar a un acuerdo: una para reducir la mayoría por la que el Congreso y el Senado eligen a los 20 miembros, y otra para prohibir a un CGPJ caducado realizar nombramientos para la dirección judicial. Ante las críticas de la oposición, de las asociaciones judiciales y de Bruselas, el Ejecutivo retiró el primero pero mantuvo el segundo, que fue aprobado en marzo de 2021.

Esto llevó a los negociadores a sentarse nuevamente. Las conversaciones dieron frutos y se acordaron las renovaciones del TC, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo.

En ese momento, dos nombres hicieron saltar por los aires el acuerdo para el CGPJ: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, los dos candidatos que Podemos quería impulsar y que el PP se negó a aceptar. Recuperándose de aquel revés, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que las discusiones continuaban y que la lista estaba confeccionada, a falta de que el PP quisiera hacerla pública.

Campo habló de la conveniencia de esperar a las elecciones madrileñas de mayo de 2021, pero los acontecimientos políticos volvieron a prevalecer. En junio, el Gobierno indultó a los nueve condenados por el «juicio» y bloqueó la renovación.

El 20 de septiembre, el PP trazó una línea roja al someter a debate en el pleno del Congreso su propuesta de cambiar el sistema de elección de los miembros -para que sean elegidos por los propios jueces-, una idea que hasta entonces no era un ‘sine’. condición qua non’ y que el Ejecutivo rechazó.

En abril de 2022, el cambio de dirección del PP, de Pablo Casado a Alberto Núñez Feijóo, alimentó la esperanza truncada por la convocatoria electoral andaluza.

Mientras tanto, el CGPJ se redujo de 20 a 18 miembros debido a la jubilación de Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de Victoria Cinto. También expiró el mandato de 4 de los 12 magistrados del TC, el tercero correspondiente a propuesta del Gobierno y del CGPJ, y Moncloa escapó a la posibilidad de nombrar a los suyos sin esperar al Consejo. Ante las dudas jurídicas, impulsó una reforma expresa de la LOPJ para que sus diputados pudieran nominar a sus dos candidatos y nominar en el «paquete».

PSOE y PP se mantuvieron firmes hasta el punto de que Lesmes amenazó con dimitir en «semanas» y el entonces comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, visitó España para implicarse en la búsqueda de una solución.

Aunque salió convencido de haber arrancado del Gobierno y de la oposición el compromiso de renovar y luego reformar el sistema electoral, PSOE y PP disminuyeron ese compromiso. Entonces los «populares» se levantaron de la mesa ante una eventual reforma que derogaba la sedición y alteraba la malversación.

Lesmes intentó enviar los nombramientos al TC antes de marcharse, pero la parálisis en el CGPJ le llevó a dimitir el 9 de octubre de 2022.

El diputado Rafael Mozo sucedió a Lesmes. Asumió la presidencia interina del CGPJ, pero no la del Tribunal Supremo, que quedó en manos del juez Francisco Marín, produciéndose una bicefalia sin precedentes. Dos meses después, el organismo llegó a un acuerdo para designar a los dos jueces correspondientes al TC.

Tras la marcha de Lesmes, el CGPJ sufrió otra baja, la dimisión de la vocal Concepción Sáez. En julio de 2023, Mozo se retiró y su puesto de presidente interino pasó a manos de Vicente Guilarte, quien intentó impulsar la renovación.

Guilarte, de hecho, presentó una propuesta a las Cortes para evitar futuros bloqueos en el CGPJ. Propuso dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los miembros si los nombrados no están relacionados «con ninguna contaminación política previa» o que el nombramiento de los miembros de los jueces -12 de los 20- quede en manos de los propios jueces con la misma precaución.

Desde diciembre, PP y PSOE intentan llegar a un acuerdo bajo la supervisión de la Comisión Europea, una condición de los ‘populares’ que se materializó en reuniones que quedaron en el aire con la marcha de Reynders en marzo, por su candidatura al Consejo de Europa.

En el camino, todos los actores lamentaron el descrédito institucional que trajeron estos cinco años y medio. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan al TS como una víctima tangible, donde la imposibilidad de cubrir vacantes ha puesto a varias de sus salas al borde del colapso. Advierten que la resolución del estancamiento podría tardar alrededor de un año.

FUENTE

nuevaprensa.info

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *