Los fiscales del «juicio» entregan a García Ortiz el informe contra la amnistía por malversación: «Es improcedente»
Dicen que si el Fiscal General pide amnistía, debe presentarla por escrito y convocar a una Junta de Fiscales para debatirla.
Los fiscales del ‘juicio’ entregaron al fiscal general, Álvaro García Ortiz, el informe en el que se oponen a la amnistía por la malversación atribuida, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont, al entender que es «inadmisible» porque tenía ánimo de lucro y afectaba a los intereses financieros de la UE. Y aseguran que, si el titular del Ministerio Público está a favor de aplicar la amnistía, deberá ponerlo por escrito y convocar al Colegio de Fiscales para debatirlo.
En el documento, afirman que es «indudable» que Puigdemont, los ex consellers juzgados en rebeldía, Toni Comín, Lluís Puig, Oriol Junqueras y los ex consellers condenados Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa «malversaron fondos públicos por millones de euros para lograr, contra las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un proyecto inconstitucional de desintegración de España».
Los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno señalan que «esos fondos no han sido devueltos». Así, los cuatro informan al titular del Ministerio Público que se oponen a la amnistía por el desfalco atribuido a los imputados del ‘juicio’.
«Su aplicación respecto del delito de malversación de caudales públicos es improcedente y contraria a derecho porque no respeta los criterios más básicos de lógica jurídica y legalidad penal exigidos en la interpretación y aplicación de la norma», subrayan.
Como ya le dijeron a García Ortiz el 30 de mayo, los fiscales entienden que los acusados tenían ánimo de lucro y afectaban a los intereses financieros de la UE y que por tanto dichos actos quedarían fuera de la amnistía, porque así lo establece la ley.
En la carta del miércoles, afirman que la malversación de fondos públicos por parte de los acusados en el «juicio» representó para ellos un «beneficio financiero indiscutible».
Insisten en que estaban «decididos a toda costa a organizar el referéndum ilegal» y «conocían perfectamente el alcance de los gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo, en flagrante violación del deber de custodia, a restarlos del presupuesto del tesoro público de todos los españoles».
Así, afirman que estos «funcionarios públicos constituidos en la autoridad se apropiaron de fondos públicos para beneficio propio, no para terceros».
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