Investigan a cuatro personas de una almazara en Cáceres por entregar aceite no apto para consumo
Tienes a agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Cáceres que han investigado a cuatro personas responsables de una almazara situada en la provincia de Cáceres por delitos de fraude, falsificación de documentos y contra la salud pública.
Esto ocurrió luego de la supuesta entrega de aceite no apto para el consumo humano a personas que entregaban aceitunas de cosecha propia para su procesamiento. Los agentes conocieron los hechos en el pasado mes de marzo a través del testimonio de los afectados, lo que dio inicio a una investigación para esclarecer lo sucedido.
Varias personas habían entregado sus aceitunas de cosecha propia a la almazara para ser procesadas y recibir el aceite resultante. Sin embargo, recibieron un aceite de «mala calidad» que no se correspondía con el de campañas anteriores, con un color «anormal», sabor «rancio y desagradable», y que producía «un exceso de humo» al cocinar los alimentos, según los perjudicados.
Los investigadores tomaron 19 muestras de aceite de diferentes contenedores cerrados aportadas por los 16 afectados, las cuales fueron enviadas al Laboratorio Agroalimentario de Córdoba para su análisis. De las 19 muestras analizadas, 16 mostraron un valor positivo para aceite lampante, a pesar de que las botellas de aceite de la almazara estaban etiquetadas como aceite de oliva virgen.
Los agentes solicitaron un nuevo informe a la Dirección de Salud de la Junta de Extremadura sobre el aceite de oliva lampante, señalando que no es apto para el consumo humano debido a su «mala calidad», sabor y olor «desagradable», y alto índice de acidez. Este tipo de aceite se utiliza tradicionalmente como combustible para lámparas y no es apto para consumo humano a menos que esté refinado, explicó la Guardia Civil.
Tras la Operación Trapic, cuatro directivos de la almazara fueron investigados por delitos de estafa, falsificación y contra la salud pública, y se tomaron las medidas correspondientes que fueron remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata (Cáceres).
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