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El Ministerio del Interior se refirió al acuerdo con EH Bildu para la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la «ley mordaza», para destacar la legalidad de las devoluciones o rechazos en la frontera, recordando la aprobación tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como del Tribunal Constitucional.
Según explicó el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska a Europa Press, el rechazo en la frontera es una acción constitucional que respeta la normativa internacional en materia de derechos humanos y protección internacional, aprobada por el TEDH y el Tribunal Constitucional.
En este sentido, el Ministerio indicó que el acuerdo con EH Bildu remite esta cuestión a la Ley de Extranjería para regular los retornos. Será en esta norma, y no en la «ley mordaza», donde se dará la redacción más adecuada después de un estudio cuidadoso y riguroso que se llevará a cabo en los seis meses posteriores a la aprobación de la nueva ley de seguridad ciudadana, según Interior.
El acuerdo entre PSOE y Sumar con EH Bildu se refiere al compromiso de incluir una nueva disposición en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que «debe reconocer y garantizar los derechos de los migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se procesen de acuerdo con las disposiciones de derechos humanos y normas de protección internacional.
«En consecuencia», añade el acuerdo con EH Bildu, «la certificación e identificación de posibles solicitantes de asilo y la evaluación de su acceso a las solicitudes de protección internacional deberán realizarse en los lugares habilitados en los pasos fronterizos antes del posible proceso de expulsión».
Las fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press se refieren a la sentencia de febrero de 2020 en la que el TEDH, con sede en Estrasburgo, cambió su criterio para aprobar las llamadas devoluciones en caliente en la frontera con España, anulando sus condenas a España en 2017 por estas prácticas.
El Tribunal Europeo consideró que los solicitantes de asilo «se colocaron en una situación de ilegalidad al intentar ingresar deliberadamente a España a través de la valla de Melilla» y al no utilizar los procedimientos oficiales de entrada, solicitando asilo, por lo que el rechazo fue «una consecuencia de su propia conducta».
En la práctica, el Gobierno de Pedro Sánchez realiza periódicamente estas devoluciones en la frontera con Marruecos, en el perímetro fronterizo entre Ceuta y Melilla, así como con aquellos inadmisibles que intentan ingresar a España a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, como Acesta. Es el caso del grupo saharaui que hace unos días anunció una huelga de hambre en protesta por el rechazo de las autoridades españolas.
En 2020, el Tribunal Constitucional también aprobó la «ley mordaza», incluida la devolución de inmigrantes que ingresaron irregularmente a España, y solo declaró inconstitucional el registro de las Fuerzas de Seguridad sin autorización, rechazando los recursos del PSOE y otros.
Según la doctrina constitucional, «el rechazo en frontera es una acción material de carácter coercitivo, cuyo objetivo es restablecer inmediatamente la legalidad violada por el intento de extranjeros de cruzar irregularmente la frontera terrestre».
De esta manera, el Tribunal Constitucional aprobó las acciones policiales para llevar a cabo las devoluciones, «sin perjuicio del control judicial que se pueda realizar en virtud de las acciones y recursos presentados, en cada caso concreto, por la persona extranjera».
Es decir, destaca que dicho rechazo debe realizarse con «garantías para las personas extranjeras, tal y como reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, y los procedimientos para la entrada legal en el territorio español deben ser reales y efectivos».
Desde Sumar y otros socios de Gobierno, precisamente, se enfatiza en la falta de medios para garantizar los procedimientos legales de entrada en España, ya que el Tribunal Constitucional también ha advertido que España debe «prestar especial atención a las personas vulnerables», destacando los menores, mujeres embarazadas o personas mayores.
LA NUEVA LEY SERÁ MODERNA Y CONSTITUCIONAL Desde que EH Bildu anunció el acuerdo para reformar la «ley mordaza», el Ministerio del Interior ha señalado que se trata de un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez que se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia. Prometió además que la nueva regla será «moderna e inequívocamente alineada con los valores constitucionales».
En cualquier caso, el departamento de Fernando Grande-Marlaska evitó valorar las críticas de sectores policiales y grupos de la oposición al acuerdo con EH Bildu, especialmente por el punto que promete «acabar con el uso de balas de goma, sustituyéndolas por medios menos lesivos», así como el artículo que reduce de graves a leves las multas por desobediencia a la autoridad.
Según Interior, «el objetivo es tener una ley moderna, inequívocamente alineada con los valores constitucionales». En este sentido, se remitieron a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, para resaltar que «ahora es el momento de hablar con todos los grupos para impulsar la tramitación parlamentaria, si hay consenso al respecto».
La cuestión de las pelotas de goma fue el punto clave que impidió el acuerdo para reformar la «ley mordaza» que el PP aprobó en 2015 con mayoría absoluta. El plan del Gobierno de Pedro Sánchez se topó con la oposición de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que salieron a la calle porque no confiaban en un cambio legislativo negociado con Bildu y ERC.
Bildu y ERC pidieron la retirada de las pelotas de goma, emulando el acuerdo del Parlamento de Cataluña que restringe este material antidisturbios a los Mossos d’Esquadra, que recurrieron a la «espuma». La Policía y la Guardia Civil podrán utilizar estas pelotas de goma en sus dispositivos, incluidos los desarrollados en esta comunidad autónoma.
«Cesa el uso de balas de goma, sustituyéndolas por medios menos nocivos», señala el acuerdo de Bildu con PSOE y Sumar, que también incluye una disposición adicional que menciona el compromiso de las autoridades de «elaborar protocolos específicos» sobre el uso de la fuerza para evitar «lesiones irreparable».