La alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, ha solicitado a la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional, encargada de modificar la ley del Mar Menor, que su municipio sea trasladado a una zona de afectación «menos restrictiva».
El concejal ha señalado que actualmente se encuentra en la zona más restrictiva, la zona 3, pero solicita pasar «a una zona menos restrictiva, como la que teníamos en 2018» y dejó entrever durante su comparecencia en la Asamblea Regional que varios estudios indican que el agua subterránea no contamina la laguna salada.
Según ella, las medidas aplicadas a los animales «fueron restrictivas, pero desde el principio el sector, junto con la alcaldía, se pusieron manos a la obra».
En este sentido, en cuanto a la impermeabilización de balsas de fango, tal y como prevé la ley del Mar Menor, ha recordado que el Ayuntamiento puso en marcha una Cátedra con la UPCT a través de la que realizaron más de 300 estudios de sótanos, junto con la Comunidad Autónoma y la Confederación.
«Estos estudios confirman que no hay percolación en el acuífero y nos permiten seguir obteniendo datos y concluir que las lagunas no son responsables de contaminar el acuífero», afirmó, pidiendo flexibilidad en este ámbito.
En cuanto a la restricción de nuevas explotaciones animales, también pidió que se equiparen estos artículos a la ley porcina, «que permite la ampliación de explotaciones existentes dentro de un mismo grupo productivo, lo que sería necesario para la economía local y regional».
Martínez advirtió que el sector ganadero tiene una «incertidumbre constante» y aludió a otro estudio, esta vez del Instituto Geológico de Minas, que señala que Fuente Álamo está «aparentemente desconectada del acuífero del Mar Menor». De ello se concluye que Fuente Álamo no contamina el Mar Menor a través de aguas subterráneas, aunque pertenecemos a la cuenca hidrográfica y cuando llueve en Fuente Álamo, por el terraplén de El Albujón el escurrimiento puede llegar hasta Los Alcázares, hacia el aliviadero.
También expresó su desacuerdo con la normativa que equipara los requisitos para los operadores agroambientales de regadío y de secano. «No tiene sentido que la ley del Mar Menor trate de la misma manera a los operadores de regadío que a los de secano», afirmó.
Ante la Comisión también compareció el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, quien exigió la ejecución del recaudador norteño de El Albujón. Según ha dicho, «si se desarrollara el Plan Vertido Cero en el Mar Menor, tendríamos el colector norte de El Albujón, que reducirá el acuífero, que todos los científicos señalan como el principal problema».
Durante su comparecencia, también repasó las inversiones realizadas en el municipio en materia de saneamiento, así como contra el efecto de las inundaciones.
En su opinión, la depuradora de San Javier «es una de las más modernas del país y está en constante evolución. No tiene punto de vertido por lo que no puede vertido al Mar Menor y puede tratar 7.600 metros cúbicos al día, con una capacidad de 22.500 metros cúbicos diarios».
Luengo aseguró que la depuradora «tiene capacidad para tratar suficientemente futuros aumentos de caudales residuales generados por el crecimiento poblacional».
El alcalde de San Javier también pidió a los diputados autonómicos mejorar la ley del Mar Menor, pero «evitando cualquier tipo de demagogia y uso político del Mar Menor» y hacerlo en base a datos y estudios objetivos.
Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Manuel Sevilla cree que «por mucho que la ley de Fuente Álamo elimine del ámbito de actuación, el acuífero que está bajo Fuente Álamo está tan contaminado como la otra parte del acuífero y si se contamina entrará en el ámbito de aplicación de las medidas cautelares de la Confederación», dijo.
El diputado de VOX, Antonio Martínez, ha recordado que en la ley «hay consenso, con ciertos matices, en que es una regulación minuciosa para la agricultura, pero laxa para el resto de actividades que regula».
Desde el PP, Joaquín Segado cree que en ocasiones «la mala praxis de algunas personas provoca que se condene a todo un sector, aunque la gran mayoría respeta las condiciones impuestas y acomete las obras necesarias2».
