Es beneficioso que se genere un debate público si queremos alcanzar un objetivo común.
Es beneficioso que exista un debate público si queremos avanzar hacia un objetivo común. Es beneficioso fomentar un debate público si queremos avanzar hacia un objetivo común. El 17 de febrero de 2025, se cumple un año desde la implementación de este nuevo artículo, que representa una ampliación de los derechos para las personas con discapacidad, eliminando el término «discapacitados» como referencia a este grupo. Para conmemorar este hito, el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustunuy, encabezó un evento junto al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, bajo el título «Bailando con los derechos, Visualización del Artículo 49».
El evento se llevó a cabo en Madrid, en el Centro de Referencia Estatal de Daño Cerebral (CEADAC), e incluyó una mesa redonda moderada por Jesús Martín, director general de derechos de las personas con discapacidad, en la que participaron Elena Congostia, atleta paralímpica; FEFA Álvarez, experto en accesibilidad universal del Consejo Nacional de Discapacidad; Blessed Vicky, activista y periodista; y María Luz Esteban, directora del Centro de Estandarización Lingüística del Lengua de Signos Española.
Pablo Bustunuy inició su discurso agradeciendo y reconociendo el «trabajo incansable» de las personas con discapacidad y sus familias, sin cuyo esfuerzo y determinación, afirmó, esta reforma de la Constitución española no habría sido posible, siendo «la primera de su historia», según sus palabras.
El ministro también destacó el amplio consenso político que respaldó esta reforma, aprobada a principios de 2024 en el pleno del Congreso de los Diputados con 312 votos a favor y solo 32 en contra de Vox, y luego ratificada en el Senado con una mayoría significativa. «La política de discapacidad es una política de consenso de la que tenemos mucho que aprender», señaló.
Pablo Bustuninduy defendió que el artículo 49 fue una lección: «La construcción de un gran consenso implica, en la mayoría de los casos, una confrontación y un debate». En la misma línea, afirmó que «es saludable que haya una discusión pública si vamos hacia un horizonte compartido», diferenciando entre «confrontación como un simple medio y debate como una herramienta», subrayando la importancia de cómo las discusiones se traducen en acciones concretas que mejoren la vida de las personas.
Asimismo, Pablo Bustiduy enfatizó los impactos que el nuevo artículo 49 ya ha tenido, como la aprobación esta semana en el Consejo de Ministros de reformas a la ley sobre discapacidad y adicción, cuyo texto fue presentado por el propio ministro.
Esta reforma implicará, entre otros avances, que las personas con discapacidad no puedan ser discriminadas al contratar un seguro de salud o de vida. Además, la accesibilidad se considera un derecho universal, permitiendo a cualquier persona con discapacidad solicitar legalmente que una infraestructura pública o un servicio sea accesible, incluso adaptado específicamente para la discapacidad. Para ello, se establecerá un fondo estatal para promover la accesibilidad universal, financiando las intervenciones necesarias, como la instalación de ascensores y rampas para sillas de ruedas, o la creación de códigos QR para audioguías.
Adicionalmente, el proyecto incluye modificaciones a la ley de propiedad horizontal para obligar a las administraciones públicas a brindar asistencia financiera para realizar trabajos de accesibilidad en edificios residenciales, y exigir a la comunidad vecinal solicitar dichas subvenciones si algún residente lo requiere.
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