El PSOE insiste en restaurar la Ley de Memoria Democrática y exige a Azcón respetar estrictamente la ley estatal.
El Grupo Parlamentario Socialista continuará insistiendo en la necesidad de aprobar una Ley de Memoria Democrática en Aragón y ha instado al Gobierno de Jorge Azcón a respetar estrictamente la ley estatal. Esto fue afirmado el viernes por el portavoz socialista de Presidencia, Interior y Cultura, Daniel Alastuey, quien pidió al Gobierno de Aragón que no se refugie en simples retóricas para manipular la opinión pública y que utilice los recursos disponibles para acciones de memoria.
En este sentido, Alastuey anunció la presentación de una Proposición no de Ley en la que insta al Ejecutivo regional a utilizar tanto los fondos que aparecen en el Presupuesto 2024 como el dinero que podría provenir de la conferencia sectorial para financiar acciones de memoria. También se menciona la regularización del uso de estos recursos, incluyendo una línea de Memoria Democrática en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Presidencia, Interior y Cultura.
Además, la iniciativa del PSOE pide a la Dirección General de Patrimonio Cultural acelerar al máximo los trámites necesarios para que las entidades locales puedan llevar a cabo las obras planificadas en materia de memoria. También se aboga por mantener actualizados los recursos documentales para que sean herramientas útiles para quienes los necesiten.
Daniel Alastuey criticó la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón por parte del Gobierno de PP-VOX, señalando que esta acción y otras similares en comunidades autónomas gobernadas por la misma coalición han hecho más viva que nunca la memoria democrática. El portavoz socialista también cuestionó la reacción del Gobierno de Azcón ante el informe de los relatores de la ONU y mencionó el comunicado del Consejo Consultivo de Aragón sobre la obligación de cumplir la Ley Estatal de Memoria Democrática.
Alastuey mencionó la Conferencia Sectorial sobre Memoria Democrática celebrada el 6 de junio, en la que el Gobierno español anunció la asignación de tres millones de euros entre las comunidades autónomas para exhumaciones y otras actuaciones, a pesar de la ampliación presupuestaria.
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