El PSOE busca apoyo del PP para la Ley del Suelo.
El PSOE retomará la tramitación de la Ley de Suelo que ya ha pactado con el PNV a partir de septiembre y confía en un acuerdo con el PP para aprobar la norma después de que Sumar, Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y Junts rechazaran el texto que el Ministerio de Vivienda propuso en un proyecto.
La idea del Gobierno es esperar hasta ese mes porque entonces el PP va a presentar su Ley del Suelo en el Senado. A partir de ahí, el Gobierno verá qué puntos se pueden negociar para llegar a un texto que satisfaga a socialistas y «populares», según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Para empezar, el PP ya ha dicho que su ley afectará también a la Ley de Vivienda y eliminará el techo de alquiler que en ella se incluía, lo que a priori no agradará a un Ministerio de Vivienda que defendió ese techo para bajar los precios en zonas estresadas.
Donde sí puede haber consenso es sobre la nulidad en cascada en la planificación, es decir, donde un error subsanable no implica el colapso total del proyecto de planificación como ocurre con la legislación vigente.
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, indicó que la ley del PP garantizaría que no se produzca una nulidad en cascada en la planificación, mientras que el proyecto de ley de PSOE y PNV fija criterios más estrictos para evitar este suceso. La reforma del Congreso también propone la nulidad parcial de los instrumentos de planificación cuando puedan individualizarse a un ámbito territorial o a otras determinaciones específicas.
Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya ha instado públicamente al PP a apoyar la reforma de la Ley del Suelo en varias sesiones de control en el Congreso, argumentando que es una norma que reclaman los empresarios del sector inmobiliario en toda España.
Así, se abren dos escenarios para la tramitación de la ley, uno en el que se admiten a trámite los reglamentos de PSOE y PNV para introducir posteriormente cambios en los artículos de los distintos grupos; o que la propuesta del PP triunfe en el Senado y llegue al Congreso para continuar su tramitación de la misma forma.
A quienes no les gustará ninguna de las dos leyes son Sumar y Podemos. Ambos partidos ya rechazaron el proyecto de ley original, y el partido «morado» incluso presentó una enmienda a todo el proyecto de ley para devolver el texto al Gobierno.
No ha sido la única enmienda íntegra, ya que ERC y Junts también presentaron la suya. Esto determinó, junto a la falta de apoyo del socio minoritario del Ejecutivo y la posición desconocida del PP, que el Gobierno retirara el proyecto del orden del día cuando se iban a debatir en pleno las tres enmiendas, justo antes de las elecciones europeas del 9 de junio.
Una vez pasada la tormenta electoral, el PSOE llegó a un acuerdo con el PNV para presentar una ley conjunta que es básicamente igual al texto original, salvo que ahora los instrumentos de urbanismo y territorio deben regirse «en las condiciones que marcan las normas autonómicas» proporcionar. La nueva redacción dice también que estos instrumentos podrán ser «modificados o sustituidos» en los términos que establezca la normativa autonómica.
Con estas garantías autonómicas, el Ejecutivo confía en que ERC y Junts se sumen a apoyar la ley, ya que creen que es necesario dar oxígeno a los ayuntamientos que sufren peticiones de las oficinas especializadas en llamar al urbanismo por pequeños errores.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana explica en el anteproyecto que fue remitido al Congreso, y al que tuvo acceso Europa Press, que este límite de denuncias serviría para frenar a los «chantajistas» que se aprovechan de la normativa vigente para presentar reclamaciones ante urbanismo que luego acaban retirando tras alcanzar un acuerdo económico.
El departamento que dirige Isabel Rodríguez aseguró que con la ley actual se producen «claros abusos» en el ejercicio de estas reclamaciones, especialmente en las grandes ciudades. Así, el objetivo de la reforma es dotar de seguridad jurídica al urbanismo y evitar que fallos formales subsanables conduzcan a la nulidad total de los instrumentos urbanísticos y territoriales.
