La presidenta peruana, Dina Boluarte, compareció ante la fiscalía este lunes para ser interrogada en una investigación porque se alega que no comunicó al gabinete ministerial y al Parlamento, a quienes se les impidió temporalmente ejercer la presidencia durante 11 días después de operarse la nariz en secreto.
El informó la Fiscalía que el interrogatorio comenzó a las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio Público en Lima y finalizó poco después de la 1 de la tarde.
Esta es la sexta investigación contra Boluarte desde que asumió el poder en diciembre de 2022. El abogado del presidente, Juan Portugal, afirmó en sus redes sociales que Boluarte acudió a declarar a la fiscalía por «respeto a las instituciones del Estado». Las televisoras locales mostraron el auto presidencial, con vidrios polarizados y rodeado de guardaespaldas, ingresando a la sede tributaria.
El 12 de diciembre, Boluarte admitió públicamente que en 2023 se operó la nariz, luego de que hace varios meses desestimó preguntas de la prensa que le pedían que confirmara o desmintiera una información de un semanario local a mediados de año según la cual fue operado de su nariz.
Boluarte dijo que la operación era «imprescindible» porque «la necesitaba por su funcionalidad respiratoria», sin dar detalles sobre la operación. El presidente descartó que la intervención fuera estética, como había afirmado el semanario. «No me causó ningún tipo de incapacidad o impedimento para el desempeño de mis funciones», respondió Boluarte.
A principios de diciembre, la Fiscal General Delia Espinoza anunció que se había iniciado una investigación sobre la presunta comisión de los delitos de deserción en el cargo y omisión de actos funcionales entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, luego de la intervención quirúrgica.
Según la ley, el delito de deserción ocurre cuando un funcionario deja el cargo «sin haber sido cesado legalmente», mientras que la omisión de actos oficiales ocurre cuando el funcionario público «omite, rechaza o demora ilegalmente un acto de su cargo». Ambos están condenados a dos años de prisión.
Tras la conclusión de su investigación preliminar, el fiscal general podrá acusar constitucionalmente al presidente ante el Parlamento, para que al final de su mandato -el 28 de julio de 2026- pueda ser juzgado ante el Tribunal Supremo, tal y como establece el procedimiento para altos funcionarios en Perú.
Con esta investigación, añade el presidente seis investigaciones fiscales por diversos delitos entre ellos homicidio agravado por su responsabilidad en la muerte de manifestantes entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 durante una serie de protestas que pedían su renuncia.
[Con información de AP]