El juez del Tribunal Supremo Leopoldo ha ratificado su decisión de prohibir la salida del país al Ministro de Transporte en funciones José Luis Ábalos, así como a la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mientras es investigado por presunta adjudicación irregular de contratos públicos al empresario Victor de Aldama y sus socios.
En un auto recogido por Europa Press, el magistrado desestima el recurso presentado por el diputado del grupo mixto, argumentando que «solo en este momento se puede confirmar la existencia de indicios razonables de posibles delitos por parte de José Luis Ábalos en diversas ilicitudes penales».
El juez rechaza la argumentación de Ábalos de que, debido a su condición de miembro del Gobierno o por ser una figura «fácilmente identificable», no existe riesgo de fuga. Puente defiende que las medidas cautelares adoptadas son «necesarias» y «totalmente proporcionadas», ya que «limitan únicamente y de forma muy justificada la libertad ambulatoria de las investigaciones».
El ex ministro enfatizó que ninguna de las propiedades que se le atribuyen le ha reportado beneficio alguno. Se refirió al apartamento en la Plaza España, asegurando que nunca vivió allí y que los pagos fueron realizados mayoritariamente al empresario Luis Alberto Esclano, socio del supuesto entramado liderado por Victor Aldama.
En su escrito, Puente aclara que «es cierto que el mencionado apartamento estuvo ocupado durante el periodo al que se ha aludido en múltiples ocasiones por la persona que, según el propio Ábalos, afirmó en su declaración, cuando fue investigado, que era su pareja sentimental en ese momento».
Además, el ex ministro mencionó una villa en la localidad andaluza de Alcaidesa, asegurando que no ha obtenido beneficio económico alguno de dicha propiedad y que ésta fue desocupada tras la interrupción de los pagos y un acuerdo amistoso previo.
No obstante, el juez destaca que Ábalos no hizo referencia a su supuesta propiedad en el Paseo de la Castellana en Madrid, valuada en 1.9 millones de euros. «En cualquier caso, resulta relevante el hecho de que el conjunto de propiedades mencionadas es el que, a juicio de este instructor, presenta cierto poder incriminatorio, característico en esta fase del procedimiento», señala.
En relación al cambio de residencia a dos semanas vista, el magistrado concluye que «no hay inconveniente» en que se realice a partir de ahora ante el Decanato de Valencia, «domicilio de la investigación»; ello, «sin perjuicio de que, de disponerse los datos que lo justificaran, por su condición de diputado u otra razón, deberá efectuarse ante la Secretaría de este Tribunal Supremo».
