El impuesto energético en el Congreso sin apoyo del PNV ni de Junts

El Congreso de los Diputados debatirá y votará el 22 de enero el decreto que incluye un nuevo impuesto temporal a las empresas energéticas para 2025, una medida que no apoyan el PP, el PNV y Junts, cuyos votos son cruciales para que la norma salga adelante.
Fue en el último Consejo de Ministros del año cuando el Gobierno aprobó este nuevo impuesto para el año 2025, tal y como prometieron ERC, Bildu y BNG. Y aunque la tasa ya se aplicaba el año pasado, fue derogada con la entrada en vigor de la reforma tributaria, que incluía una disposición para solicitar PP con este fin. Esta cláusula logró prosperar en las Cortes gracias al apoyo del PP, PNV y Junts.
El nuevo impuesto incluye bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades «esenciales» para la transición verde y la descarbonización, y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que el fisco provincial pueda gestionar.
En concreto, dispone de una bonificación de un máximo del 60% sobre el importe del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas que tendrán que ser evaluadas por el Ministerio de Transición Ecológica.
Estas inversiones pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable hasta la transformación de residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables como el biogás. También tendrán que formar parte de un plan estratégico de inversiones para la transición ecológica y, para poder aplicar el crédito fiscal, las empresas energéticas obligadas a pagar este impuesto tendrán que solicitar un informe motivado al Ministerio para la Transición Ecológica y Demográfica. Impugnación sobre si las inversiones incluidas en el plan cumplen con la consideración de inversiones estratégicas.
El departamento que dirige Sara Aagesen deberá notificar, en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud, el informe debidamente motivado, que será vinculante para la Administración Tributaria. Transcurrido el plazo de tres meses sin notificación alguna, el silencio se considerará negativo.
Y precisamente el hecho de que sea el Govern el que decida qué inversiones son estratégicas o no es algo que Junts rechaza. Los de Carles Puigdemont también han rechazado el impuesto porque podría poner en peligro grandes inversiones en Cataluña, como los 1.100 millones de Iberdrola que planea invertir en Tarragona para un proyecto petroquímico.
Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya ha dicho que desde su partido «el voto es no» dado que la tasa «viola el principio de relaciones con las comunidades regionales, tanto con la comunidad autónoma vasca» . como en Navarra”, porque al ser un impuesto no les está permitido gestionarlo y recaudarlo. También está por ver qué votará Podemos, que ha rechazado en repetidas ocasiones la fórmula fiscal porque quiere un impuesto.
FUENTE