El Gobierno anuncia regulación de alojamientos turísticos
El Gobierno de Cantabria ha publicado hoy el proyecto de decreto de regulación de los alojamientos turísticos, que introduce cambios como la posibilidad de que las personas jurídicas sean propietarias de las unidades de alojamiento, la opción de que los ayuntamientos limiten su número y la necesidad de un informe de compatibilidad con el plan urbanístico del municipio.
Un Boletín Oficial extraordinario de Cantabria (BOC) ha publicado esta noticia, abriendo un plazo de 10 días hábiles a partir de mañana para presentar objeciones al documento, que se puede consultar en el portal de transparencia.
Una vez finalizado este plazo, se procederá al análisis de las objeciones y posteriormente se solicitarán informes jurídicos a otros ministerios y al Consejo de Estado una vez elaborado el texto final del decreto, que consta de 11 artículos agrupados en dos capítulos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
En el Capítulo I se amplía a las personas jurídicas la posibilidad de ser propietarias de viviendas turísticas, y en el Capítulo II se establecen disposiciones novedosas respecto al Decreto de 2019, como la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan limitaciones sobre el número de viviendas dentro de su ámbito competencial.
El proyecto de decreto también incluye requisitos como la presentación de una declaración responsable para el inicio de la actividad y un informe sobre la compatibilidad del uso turístico de la vivienda con el planeamiento urbanístico del municipio, entre otros.
Además, se establece la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles daños durante la actividad de alojamiento turístico, y se detallan las obligaciones de los propietarios de alojamientos turísticos, como informar sobre normas de uso y temporada de funcionamiento.
Finalmente, se regula el uso de la vivienda, se establece un régimen de comprobación del inicio de la actividad y se prevé la cooperación entre administraciones para detectar la práctica ilegal de alquiler de alojamientos turísticos, así como un régimen sancionador acorde a la ley reguladora de la ordenación turística de Cantabria.
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