El ex directivo del Ibetec ha sido condenado a dos años de prisión y ha admitido haber cometido agresión sexual contra una mujer y agresión contra un policía.
El exgerente del Ente Público de Telecomunicaciones e Innovación Empresarial (Ibetec), Juan Antonio Serra Ferrer, finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad, aceptando una pena de dos años de prisión -que no cumplirá- y multas, admitiendo así la agresión sexual a una mujer en un comercio de Palma y la agresión a un policía.
Serra presentó ante el Juzgado 1.000 euros como indemnización, a la que se le aplicó una medida atenuante de daños y perjuicios. No irá a la cárcel porque le dieron una sentencia suspendida, ya que no tiene antecedentes penales.
Esta suspensión surtirá efecto siempre que no cometa más delitos durante los próximos cinco años y pague las sumas faltantes para indemnizar a las víctimas.
El asunto se resolvió en el Juzgado de lo Penal 7 de Palma. En el acuerdo con la defensa, realizado por el abogado José Ignacio Herrero, la Fiscalía y la acusación particular -el agente agredido, asistido por el Sindicato Unificado de Policía con el abogado Eduardo Luna- acordaron reducir su pedido de condena. y el demandado admitió los hechos.
De esta forma, Serra aceptó el relato del fiscal, que pasa por admitir que en mayo de 2022, en un local del Paseo Mallorca de Palma, intentó besar y lamer el rostro de un desconocido sin consentimiento; y que golpeó a uno de los policías que lo arrestaron cuando intentaba irse.
«Estoy de acuerdo», fue todo lo que dijo Serra en la vista cuando el juez le preguntó si estaba satisfecho con las sentencias. Al hacerlo, fue declarado culpable de un delito grave de agresión sexual, un cargo de agresión a un agente de la ley y dos cargos de delito menor de agresión. Por cada uno de los dos primeros aceptó una pena de un año de prisión y por cada uno de los menores una multa de 900 euros.
Además de estas penas, no podrá aparecer en listas en procesos electorales mientras dure la pena. Asimismo, se impone orden de restricción de 700 metros por cinco años a favor de la mujer agredida; la medida de libertad condicional por cinco años; y el requisito de asistir a un programa de formación en educación sexual. También está inhabilitado para trabajar con menores durante siete años.
La fiscalía pidió inicialmente tres años y tres meses de prisión, y el policía, cinco años de prisión. Anteriormente, Serra descartó categóricamente un acuerdo de culpabilidad sobre los cargos ya que negó su versión. En su escrito de defensa alegó circunstancias atenuantes de ebriedad y restitución.
Antes del juicio, el SUP expresó que buscaba dar «ejemplo» con la acusación del caso: «Las agresiones a policías nacionales deben acabar ya», dijo el portavoz y secretario del Sindicato Unificado de Policía de Baleares, Manuel Pavón, subrayando que les da igual «quién sea el agresor», entre ellos un ex alto cargo del Govern balear.
El caso supuso su separación de la Universidad de las Illes Balears (UIB) y posteriormente destitución de su puesto en el Departamento de Economía, Hacienda e Innovación. La apertura del juicio oral contra Serra puso el foco político en el vicepresidente Antoni Costa, quien le nombró un cargo de confianza cuando el caso ya estaba pendiente.
Costa acabó pidiendo disculpas admitiendo que había cometido un error al nombrarlo y apelando a la presunción de inocencia, pero consideró que no era motivo suficiente para presentar su propia dimisión como había exigido la oposición.
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