El Congreso debatirá el jueves 13 de junio sobre modificaciones propuestas por Junts per Catalunya y Vox en el proyecto de ley de creación de la Oficina Española de Derecho de Autor y Derechos Conexos, uno de los primeros proyectos legislativos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Si estas enmiendas son rechazadas, ambas iniciativas continuarán su tramitación en comisión. Urtasun expresó su convencimiento de que el proyecto seguirá adelante y las modificaciones serán rechazadas, al tratarse de una ley que «protege» los derechos de autor.
«Estoy convencido de que habrá el máximo consenso en el Parlamento», declaró en una rueda de prensa en la que presentó la lista de bienes incautados en museos estatales durante la Guerra Civil y el franquismo. Los grupos parlamentarios Vox y Junts presentaron en el Congreso dos enmiendas completas contra la Ley de creación de esta oficina.
Los dos grupos exigen la devolución del proyecto en iniciativas separadas que se votarán en la Cámara Baja el jueves de la próxima semana. Sus acusaciones contra la ley incluyen que no «tiene en cuenta las competencias legislativas» de cada comunidad autónoma, según Junts, y que supondrá «un gasto excesivo» para Vox.
Desde la formación catalana, se recuerda en una carta que la creación de la Oficina tiene entre sus fines «el ejercicio de la actividad administrativa que corresponde a la Administración General del Estado en derechos de autor y cuestiones conexas».
En su opinión, el proyecto de ley «no tiene en cuenta» el marco competencial de las Comunidades Autónomas o «al menos» el que corresponde a la Generalitat catalana. En este sentido, señalan que el Estatuto de Autonomía de Cataluña indica que la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual corresponde a esta comunidad.
La Generalitat catalana ya dispone del Registro de entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual y entiende que el proyecto de ley no contempla este ámbito de competencias ejecutivas «hasta el punto de no impedirlo ni siquiera delimitarlo» como ámbito de aplicación. Deberán establecerse las funciones administrativas de la nueva oficina «sin perjuicio de las competencias» que en esta materia correspondan a las Comunidades Autónomas.
Vox lamenta que el actual Gobierno «es el más caro de la historia democrática» de España y no cree que este cargo suponga un ahorro de costes, sino todo lo contrario.
Para la formación de Santiago Abascal, el principal argumento ofrecido por el Ejecutivo para justificar la creación de un nuevo órgano administrativo, con el gasto que supone, es «la insuficiencia de la institucionalidad española».
«Esta afirmación sorprende si se tiene en cuenta que todas las funciones que le serían asignadas a la Oficina pueden ser realizadas, y de hecho son realizadas, por la Dirección General de Propiedad Intelectual», lamentan en Vox, que considera «algo oportunista» recurrir a argumentar los efectos económicos y sociales negativos si la propuesta no sale adelante.
«Son precisamente los gastos innecesarios y la incompetencia de los poderes públicos al frente de determinadas administraciones los que generan todo tipo de problemas», añadieron, destacando que el nuevo organismo fue creado por Cultura, subrayando la «importancia» de su autonomía presupuestaria.
Sin embargo, destacan que los gastos de la actividad de la Administración de los Derechos de Autor aumentarían en 372.790 euros, lo que debería ser compensado con los ingresos propios de la Oficina.
Para Vox, el hecho de que estos ingresos provengan principalmente de las tarifas y precios públicos, «con independencia de las especificaciones legales», supone «una forma alternativa de tributación». Además, lamenta que el Gobierno «acabe admitiendo que, en realidad, todos los problemas», salvo la autonomía en la ejecución presupuestaria, podrían solucionarse dotando de más recursos a la Subdirección General.
«En definitiva, este Proyecto no contribuye a la mejora del marco institucional en el ámbito de la Propiedad Intelectual y no mejora en modo alguno la regulación existente, además de promover un gasto excesivo e irracional cuya aprobación terminaría impactando negativamente en la vida de los autores y la eficiencia del sector público», concluyó.