El Congreso de Perú está acelerando la aprobación de leyes que podrían dañar la independencia judicial y debilitar las investigaciones contra la violación de los derechos humanos y el crimen organizado, informó Human Rights Watch el miércoles.
La organización de derechos humanos, en un comunicado emitido desde Washington, recomendó que los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) debatan la situación en Perú durante su asamblea general que se llevará a cabo en Paraguay del 26 al 28 de marzo.
A principios de este mes, un comité legislativo del Congreso peruano aprobó una reforma constitucional que eliminaría instituciones judiciales clave y debilitaría la independencia de las autoridades electorales. También se aprobó una ley que podría detener las investigaciones sobre abusos a los derechos humanos durante la lucha contra grupos rebeldes desde finales del siglo pasado.
De acuerdo con la legislación peruana, las reformas constitucionales deben ser aprobadas en dos períodos legislativos. El período actual finaliza el 15 de junio y el próximo comienza a finales de julio.
«Es probable que estas medidas tengan graves consecuencias para todos los peruanos, permitiendo que el crimen organizado se expanda y dificultando que las personas reciban protección cuando se violan sus derechos», dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Si la reforma de las autoridades judiciales y electorales es aprobada por el Congreso esta semana, y nuevamente en el próximo período legislativo, la independencia y la legitimidad de futuras elecciones estarían seriamente amenazadas», añadió.
Además, el Congreso podría aprobar una legislación en una segunda votación para permitir un plazo de prescripción para los «crímenes contra la humanidad» cometidos antes de noviembre de 2003, lo que podría enterrar las investigaciones en curso sobre abusos a los derechos humanos cometidos entre 1980 y 2000.
Esta ley fue impulsada por legisladores del partido de la hija del expresidente Alberto Fujimori, liberado a finales del año pasado tras un cuestionable indulto después de pasar 16 años en prisión por abusos contra los derechos humanos a finales del siglo pasado.
Fujimori tiene un juicio pendiente acusado de ser el «autor intermedio» del asesinato en 1992 de seis campesinos durante enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y rebeldes de Sendero Luminoso, considerado un crimen de lesa humanidad.
Fernando Rospigliosi, del partido fujimorista Fuerza Popular y autor de la iniciativa, dijo que alrededor de 800 militares están siendo investigados «injustamente» por el presunto delito de crímenes de lesa «humanidad», mientras que otros 36 militares ya fueron condenados y están cumpliendo condena.
