Ecuador ha suspendido el servicio de alimentación en varios centros penitenciarios. Los reclusos ahora dependen de donaciones.
Hasta el viernes, 12,500 reclusos en 10 cárceles de Ecuador recibirán alimentos de un proveedor privado que suspendió el servicio debido a una deuda gubernamental de un millón de dólares. El Defensor del Pueblo advierte que esto podría vulnerar los derechos de los detenidos.
Las prisiones, que están bajo control militar desde enero, albergan un total de 32,039 personas a finales de abril, a pesar de tener una capacidad para 27,714 reclusos, lo que resulta en una superpoblación del 15%.
La empresa Fattoria, encargada del suministro de alimentos a las cárceles desde hace más de una década, ha suspendido el servicio tras un enfrentamiento de acusaciones con el gobierno. Se le acusa de actos de corrupción y supuestos vínculos con el crimen organizado, aunque no se han presentado pruebas públicas de dicha acusación.
Por su parte, la compañía afirma que las acusaciones del gobierno son vacías e infundadas y señala que el gobierno le debe 10 millones de dólares por los últimos seis meses de servicio.
Fattoria tenía previsto entregar el viernes los espacios que ocupaba en 10 cárceles de Guayaquil a un notario. Su abogado mencionó que debieron registrar su salida de las instalaciones, como la cocina y otros lugares utilizados en su operación.
El Servicio Nacional de las Personas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad a cargo de las prisiones, no ha hecho comentarios desde el 17 de mayo, cuando informó sobre la etapa «precontractual» de un nuevo contrato de servicio de alimentación en centros penitenciarios.
La AP consultó el viernes sobre el mecanismo previsto para reemplazar el servicio que finaliza en Guayaquil, pero no obtuvo respuesta.
El contrato para proporcionar alimentos a estos centros penitenciarios estaba vigente desde 2023 y se preveía que finalizara en 2025.
A finales de abril, la empresa La Fattoria suspendió el servicio de alimentación en otros centros penitenciarios del norte y centro del país debido a la falta de pagos del gobierno, dejando a casi 12,000 reclusos sin alimentos.
En el penal de Latacunga, familiares de reclusos intentaron complementar con donaciones el servicio suspendido hace un mes. Desde principios de mayo, varios medios locales han mostrado la entrega de alimentos que eran inspeccionados por guardias en las entradas.
La Defensoría del Pueblo corroboró la difícil situación en las cárceles y recordó al gobierno su responsabilidad de garantizar el derecho a la alimentación de los detenidos bajo su custodia.
Rodrigo Valera, coordinador de protección de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, explicó las dificultades que enfrentan los detenidos para alimentarse y la violación de normas internacionales que indican que deben recibir tres comidas nutritivas al día.
En Ecuador, las cárceles están bajo control militar en medio de una ola de violencia. Las autoridades las consideran centros de mando de bandas criminales con vínculos con organizaciones de narcotráfico, responsables de la inseguridad en el país y de masacres en cárceles desde 2021.
