Dificultad de responsabilizar penalmente a políticos por respuesta a la DANA
La DANA que golpeó a Valencia y algunas zonas de Castilla-La Mancha el pasado 29 de octubre dejó al menos 223 muertos y cuantiosos daños materiales, lo que ha dado lugar a denuncias y demandas presentadas. Sin embargo, expertos consultados por Europa Press señalan que será difícil exigir responsabilidad penal a las autoridades políticas, ya sea al Gobierno de Pedro Sánchez o al de Carlos Mazón.
Solo en el Tribunal Supremo (TS) se han presentado un total de nueve querellas de diversa autoría, alegando presuntos delitos de omisión de asistencia y homicidio por negligencia. Además, se han presentado recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior, uno demandando a Sánchez y Grande-Marlaska por «clara inactividad» ante la DANA y otro contra la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de Sánchez por «incumplimiento de sus obligaciones legales».
Los profesores de Derecho Penal descartan un posible delito de no asistencia debido a que implicaría una conducta maliciosa, lo cual sería una locura en este caso, ya que se trata de una catástrofe natural. En cambio, sitúan en el ámbito de la imprudencia posibles conductas delictivas de dirigentes políticos, señalando específicamente los delitos de daño imprudente y asesinato.
Expertos consultados coinciden en que la relación directa de causa y efecto es prácticamente imposible de demostrar en el contexto de un desastre natural, lo que dificulta las acciones penales contra políticos y administraciones públicas. Otra opción es acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar la responsabilidad pecuniaria, aunque este proceso también presenta dificultades.
En cuanto a la responsabilidad civil, el abogado especialista en litigios y derecho civil Jorge Hidalgo explica que las reclamaciones por daños materiales deben dirigirse al Consorcio de Compensación de Seguros, que ya ha recibido alrededor de 160.000 euros. Sin embargo, existen posibles problemas con los montos acordados y la duración del proceso para obtener la compensación económica.
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