Denuncian al secretario Cortés por prevaricaciones implicadas
El funcionario que denunció por acoso laboral al secretario general de Cortes, Marcos Herrero, ha ampliado la denuncia a los hechos en los que asegura que el investigado continúa con sus supuestas actuaciones delictivas, no solo en lo que respecta al delito principal, sino también como consecuencia de algunos hechos que podrían dar lugar a un posible delito de prevaricación, aunque no se excluyen otros delitos, ni la intervención de terceros ya sea como autores o como colaboradores.
La ampliación de la denuncia ante el Juzgado número 4 de Valladolid, a la que tuvo acceso Europa Press, se presentó la semana pasada para poner en conocimiento del juez los hechos ocurridos a partir del 8 de abril de 2024, fecha de la denuncia original, hasta el momento, ya que se considera que el investigado no ha cesado en sus presuntos actos delictivos.
Pese a que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nulo el despido del funcionario en mayo de 2022, y Cortes tenía la obligación de reintegrarlo como jefe del Servicio, el demandante critica que el Secretario General solo puso impedimentos a esta reintegración.
De hecho, dice que tardó dos meses y medio en ser reintegrado, lo que ocurrió el 7 de agosto, aunque no le permitieron regresar a la oficina ni mostrar los términos de su cargo.
Sólo habían transcurrido veinte días y nuevamente, durante el período de vacaciones del empleado, el investigado le informó que su puesto sería ocupado por otra persona y que se retiraría nuevamente. Aun así, se rectificó temporalmente esta decisión, cancelándose los ERTE por necesidades de servicio y aplazando la terminación definitiva al 5 de septiembre.
En la ampliación de la denuncia se hace énfasis en la coincidencia de las fechas de los distintos actos y resoluciones, de tal manera que si el 10 de julio se acordó restituir al funcionario en su cargo, el mismo día se procederá a una modificación de la Lista de Puestos de Trabajo (RPT) para permitir el acceso al cargo de jefe del Servicio de Gestión Administrativa a quien perteneciera la Escala de Ingeniería.
No es casualidad que quien había ocupado el cargo tras el primer despido fuera precisamente un funcionario de la Escala de Ingeniería, el único dentro del Cuerpo Técnico. Además, si el 7 de agosto la funcionaria obtuvo el alta médica para reincorporarse a sus labores, ese mismo día se concluyó el acuerdo para postular a su puesto vacante.
Entre las ‘coincidencias’, el demandante añade que si el 26 de agosto emitió un informe sobre la situación del Servicio de Gestión Administrativa, indicando graves irregularidades en materia de contrataciones públicas y personal, ese mismo día se decidió asignar el cargo de Jefe de Servicio por libre designación a favor del funcionario de la Escala de Ingeniería.
En cualquier caso, la demandante alega que la continuidad del Servicio de Gestión Parlamentaria, al que estaba destinada, está vacía de contenido y fue descubierta hace dos años, aunque cumple, a su juicio, el objetivo de tenerlo. Sacarlo de temas de adquisiciones y personal, eso sí, manteniendo condiciones inferiores a las que tenía, con aislamiento continuo, menor nivel y menor salario.
Por otro lado, se queja de que la posibilidad de postular a otros puestos de su nivel, como los puestos de auditor y contralor adjunto, que pronto se jubilarán, también se ha visto obstaculizada por la introducción del requisito de que los solicitantes pertenezcan o ser adscrito a la Escala Económico-Financiera de las Cortes, lo que excluye al funcionario, ya que pertenece a esta escala desde hace más de veinte años, pero exclusivamente en la Junta de Castilla y León.
También califica de «curioso» que luego de que se declarara desierto el primer recurso, que reclamaba diez años de servicio, este año límite se cambiara a un nuevo recurso que reclamaría ocho años sin motivo, sabiendo que el demandante se encontraba en el Cortés solo siete años.
De la denuncia ampliada se desprende ahora también que todos los hechos eran conocidos por el Presidente de las Cortes de Castilla y León, así como por el propio Consejo y también por el Consejo de Personal, incluidas comunicaciones verbales pero también diversos escritos fehacientes.
También alega expresamente que se solicitó a la Junta de Personal que tomara las medidas necesarias para promover el cese de las acciones de acoso, también se le solicitó asumir las responsabilidades correspondientes y, finalmente, se le demandó información sobre sus propias acciones y participación que podría tenerlo en las decisiones adoptadas por el secretario general.
Sin embargo, la mencionada Escuela Superior, en un informe de 44 páginas que fue remitido a la Instrucción 4, asegura que «no tiene conocimiento de acción alguna, respecto del personal de la Cámara, que constituya acoso laboral» y agrega que «los hechos denunciados por la demandante, a su juicio, «no puede entenderse como constitutivo de tal delito», a lo que añade que en el informe de comunicación laboral el demandante «no comunicó ni no se refirió en sus escritos a episodios de desavenencias, conflictos interpersonales o situaciones tensas en el ambiente laboral que constituyan un patrón repetido de abuso.
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