Coordinación con el Consejo para acceder al Giro en 2025.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Alejandro Cardenete, asegura que la Junta de Andalucía ha cumplido con las recomendaciones de los informes de Cuenta General, tomando como referencia el último publicado en 2023. De las 35 recomendaciones hechas para el año 2022, este año quedan 24, lo que significa que 11 recomendaciones ya fueron resueltas. Más del 50% de las recomendaciones se resolvieron completamente, avanzando adecuadamente.
En una entrevista con Europa Press Andalucía, Cardenete menciona que su objetivo sería tener cero o una recomendación en lugar de 24. Ha trabajado en lograr una mayor coordinación entre el órgano supervisor y la administración, ya que considera que la contabilidad y la economía financiera son interpretativas.
En relación con la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas tendrá acceso a la plataforma del Giro en 2025, lo que facilitará el proceso de auditoría. Cardenete señala que la administración municipal también es objeto de inspección externa, encontrando que muchos ayuntamientos no presentan sus cuentas, lo cual es ilegal pero no tiene sanción.
Cardenete destaca su experiencia previa como consejero adjunto y asesor de la Junta de Andalucía antes de convertirse en presidente de la Cámara de Cuentas. Considera que esta experiencia le brindó una perspectiva única sobre cómo se toman decisiones desde dentro de la administración.
En cuanto a la contribución de la Cámara de Cuentas a la Junta de Andalucía, Cardenete destaca la ayuda en la eficiencia del pago de la justicia gratuita. También menciona la importancia de mejorar las relaciones institucionales y utilizar las redes sociales para explicar de manera más accesible la información financiera.
Como presidente de la Cámara de Cuentas, Cardenete busca aumentar la eficacia y eficiencia de los recursos humanos, y planea realizar una nueva oferta de empleo público en 2025 para incorporar nuevos talentos. Reconoce la importancia de la inteligencia artificial en el control del gasto público y busca mejorar la supervisión de los 60.000 millones de euros que se administran cada año.
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