Consulta previa en Madrid sobre modificación de Ordenanza de Movilidad Sostenible.
Mapa aéreo de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid está comenzando el proceso de modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OSM) para asegurar que los ciudadanos tengan una mejor calidad del aire y protección de su salud. La estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360 y las zonas de bajas emisiones reguladas por ordenanza han sido un modelo exitoso para reducir las emisiones contaminantes en la ciudad, cumpliendo con la legislación europea y estatal.
En una rueda de prensa, el delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicó que la junta de gobierno aprobó someter la OMS a consulta pública para recabar la opinión de los ciudadanos y organizaciones representativas. Se formularán cuatro preguntas a los participantes, quienes tendrán 15 días para responder.
La modificación de la OMS 10/2021 está pendiente de una revisión judicial que podría afectar las disposiciones que regulan las ZBE si el fallo es firme. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid destacó la insuficiencia del informe de impacto económico en la tramitación de 2021, aspecto que se corregirá con la futura aprobación.
Es una obligación legal garantizar la calidad del aire y proteger la salud pública, cumpliendo con la normativa comunitaria y nacional. El cambio en la OMS de septiembre de 2021 fue debido al incumplimiento de los niveles máximos permitidos por la Directiva 2008/50/CE sobre la calidad del aire en Europa.
La Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 ha permitido que la ciudad cumpla con la normativa comunitaria desde 2022. La restricción del tráfico a los vehículos más contaminantes ha resultado en una reducción significativa de las emisiones contaminantes en la ciudad.
El Ayuntamiento de Madrid está obligado legalmente a mejorar la calidad del aire y cumplir con la ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. La ley impide retroceder en las medidas adoptadas para proteger la salud y el medio ambiente.
España fue condenada por la Unión Europea por no respetar los valores límite de dióxido de nitrógeno en Barcelona y Madrid de 2010 a 2018. La decisión europea destaca la importancia de regular medidas para reducir las emisiones contaminantes y evitar posibles multas por incumplimiento.
