Bolivia ‘detiene’ los incendios forestales. Bolivia ‘detiene’ contra los incendios forestales Bolivia ‘suspende’ la lucha contra los incendios forestales, o la idea de que los parques nacionales van a quedar al margen del avance de este tipo de modelos de explotación. Fundamentalmente, la idea de los años 90 era que los planes de manejo del suelo y bosques estaban relacionados a directrices de recomendaciones para buenas prácticas, existan reglas, instrumentos técnicos para evitar este tipo de avances territoriales de modelos extractivistas. Nada de eso ha funcionado y todavía seguimos trabajando con ese marco normativo. Le doy un ejemplo: en Bolivia hay áreas que están declaradas como áreas de protección de bosques que no pueden tener agricultura mecanizada, que no pueden tener agricultura comercial, donde sólo se puede hacer agroforestería, pero eso no está definido en blanco y negro, sino que estas normativas dejan un margen de discrecionalidad para la interpretación de los técnicos encargados de dar estas autorizaciones para que ellos hagan una micro interpretación. Y en este contexto económico acaban dando permiso a todos. Entonces uno ve el mapa territorial y lo que era bosque de protección es agricultura con desmontes, con deforestación, con incendios. Entonces este es un problema fundamental que tenemos en el país. Creo que no hemos hecho una innovación en términos de definir una estrategia de trabajo para la protección de estos ecosistemas. Todavía mucha gente cree que la mejor estrategia es aliarse con los pueblos indígenas, apoyar a las organizaciones indígenas y per sé las organizaciones indígenas son antimodernidad, anticapitalista. Y nada de eso sucede. Acabamos de tener un caso en el que un pueblo indígena vendió su territorio a una secta. Cuestionamientos -La Fundación Tierra realizó un informe sobre los cuestionamientos a los nuevos contratos de litio de Bolivia con empresas de Rusia y China. ¿Nos podrías explicar los principales cuestionamientos y a qué se deben? -Sabemos que existen dos contratos con una empresa rusa y una empresa china para la explotación del litio en el país. Hasta el momento las principales observaciones que hemos hecho no son tanto en términos ambientales sino en términos económicos, porque ese modelo de contrato prácticamente determina que la carga de los riesgos financieros, económicos la asuma Bolivia y que las inversiones que estas empresas van a traer al país van a ser en realidad son préstamos con altas tasas de interés que Bolivia va a devolver en producto, es decir, en litio. Entonces, las empresas participan en un negocio con un 49 % en los beneficios sin hacer inversión, participan en calidad de prestatarios que además lucran porque hacen el papel de un agente financiador.Y el otro problema que hemos observado es que han inflado los costos de producción y determinan altos costos de producción. ¿Para qué? Para que los beneficios que vayan a repartirse al gobierno boliviano sean mucho menores, para que los márgenes de ganancia sean minimizados para de esa manera quedarse con la mayor parte de los ingresos. Sabemos que en Argentina o en Chile los costos de producción llegan a ser mucho más bajos. Entonces estamos hablando de unos costos operativos muy altos que no tienen paralelismo con los países vecinos, que explotan ese argumento de que en Bolivia es más costoso producir por temas técnicos. Entonces nos interesa porque es un tema de modelo de economía extractivista, es un modelo que tiene costos sociales y es un modelo también de externalización de los recursos a través de este tipo de acuerdos con organismos internacionales. ¿Qué pasó con la nacionalización del litio? -Bolivia llegó a impulsar una política de nacionalización del litio. ¿Qué pasó en el trayecto, además de los cambios políticos? ¿Por qué no se mantuvo esa línea? -Porque en términos políticos y reivindicativos es obviamente atractivo, especialmente en los momentos en que se ha vivido una ola de izquierda extrema en el país. Pero operativamente y económicamente no tiene sentido, porque el país necesita control y capacidad tecnológica. Y Bolivia no va a llegar a tener eso. Falta un diseño institucional distinto y reclamar que Bolivia tiene que tener control sobre todo el proceso productivo y vender no solamente el litio como materia prima, sino baterías, lo cual significa un valor agregado y un conocimiento y tecnología que el país no tiene. Pura política -¿Cómo crees que la crisis política que vive el oficialismo está afectando a la política ambiental? -Es un poco difícil de evaluar, dado que las peleas dentro del MAS no están demasiado relacionadas con el tema de los recursos naturales, en términos de control de derechos y de uso. Pero sí hay dos temas relevantes. Una parte de los soportes políticos de Evo Morales han sido los interculturales, es decir, aquellas personas de origen campesino, sobre todo de las tierras altas, que han tenido beneficios como recibir tierras fiscales en estas zonas de incendios forestales para crear nuevas comunidades campesinas, lo cual se ha convertido en una fachada para la compra y venta ilegal de esas propiedades. Finalmente esas zonas devastadas por incendios acaban siendo, no comunidades, sino monocultivos. Entonces, al existir esta ruptura entre el ala de Arce y la de Evo Morales, este sector se ha quedado mayoritariamente con Evo Morales y no están teniendo acceso a este tipo de políticas que benefician con tierras a los dirigentes. Pero a su vez el gobierno boliviano, si bien ha perdido cierto control en algunas zonas como San Julián, Cuatro Cañadas, ha entrado a otras zonas, como Yapacaní, que está en la frontera entre Cochabamba y Santa Cruz. Y en Yapacaní se están construyendo nuevos caminos en zonas que son protegidas, en el Choré, que es una reserva forestal convertida en Parque Nacional. Hay un proyecto de carretera en construcción en nuevas zonas de asentamiento que benefician a estas comunidades. En la práctica, el Gobierno sigue haciendo lo mismo solamente con diferentes sectores. El cambio o la lucha o la pelea no han significado un retroceso en el modelo expoliador de los recursos naturales que tenemos desde hace tiempo en el país. Pachamana -¿Cuando el oficialismo habla de la Madre Tierra, la Pachamama, crees que es algo que queda solo en el discurso? -Ahora ya no habla. Sí lo hace David Choquehuanca, pero casi a título personal. Bolivia detiene acciones contra los incendios forestales Bolivia pone en pausa las acciones contra los incendios forestales.

En el país andino durante el año 2024, el fuego quemó cuatro millones de hectáreas, lo que representa el 40% de los bosques de este país, afectando a la rica biodiversidad local y dejando un rastro de muerte, desolación y pobreza detrás.

Bolivia fue declarada en esos momentos en “situación de desastre”, porque llegó a sufrir 3.036 focos de incendios al mismo tiempo. Estas cifras superaban con creces la del resto de los países del mundo y ponía en evidencia las carencias nacionales en cuanto a medios de prevención y extinción.

La contaminación del aire en algunas zonas llegó a niveles incompatibles con la vida humana y las consecuencias de dichos incendios según los expertos, se sentirán durante años, tanto en las poblaciones humanas afectadas como en la naturaleza.

Bolivia en llamas y mucho más

Gonzalo Colque, economista, especializado en estudios agrarios y ambientales, fue director ejecutivo en Fundación Tierra, donde actualmente se desempeña como investigador, y es una voz autorizada en Bolivia cuando se trata de analizar la compleja realidad ambiental de este país sudamericano, atravesado por crisis políticas, económicas y sociales.

Colque adelanta que en Bolivia los grandes incendios de 2019 y 2024 no sólo podrían repetirse este año, sino que el país no tiene forma de responder adecuadamente a una nueva tragedia socioambiental de este tipo.

El economista ve un desgobierno y un Estado acosado por una situación económica que lo lleva a desatender los problemas ambientales. Deforestación en alza, avance de la frontera agropecuaria y los monocultivos sobre los territorios que deben conservarse, además de la propagación de la minería ilegal y la contaminación de los ríos por el uso del mercurio.

Tras los incendios

-¿En qué situación han quedado las áreas arrasadas por los incendios de 2024?

-Hemos tenido dos eventos extremos de incendios en los últimos cinco años. En 2019, tuvimos una cifra récord que no tiene antecedentes en hectáreas quemadas. Ese número bajó en 2023 pero se ha disparado de nuevo el año pasado, prácticamente duplicando la cifra a nivel nacional de lo que teníamos en 2019.

Hemos llegado a una situación ya catastrófica en términos generales. La segunda idea es que estos recientes incendios están principalmente concentrados en el departamento de Santa Cruz. Antes era una combinación entre Santa Cruz y Beni.

A veces Beni encabezaba el número de incendios y después Santa Cruz, pero últimamente es Santa Cruz el principal protagonista de los incendios, lo cual es un cambio cualitativo importante porque los incendios en Beni están relacionadas principalmente con la quema de los pastizales de los potreros ganaderos, de las estancias ganaderas y tiene fines principalmente de rehabilitar las zonas de cultivo y los rebrotes de las pasturas. Entonces tiene fines estrictamente de ganadería extensiva. Esas zonas no son tan de bosque, sino de vegetación alta.

El hecho de que eso haya ocupado un segundo lugar ahora y el principal protagonista sea Santa Cruz significa que las razones por las que se hacen desmontes y quemas no son para la ganadería, sino fundamentalmente para la expansión de la frontera agrícola con fines de habilitar tierras de monocultivos, principalmente para soja, la agricultura mecanizada y la gran extensión de los monocultivos. Y esto está relacionado con que la soja es un commodity internacional que sigue teniendo precios altos desde hace más de diez años.

¿Medidas preventivas?

-La crisis de 2024 podría indicar que las autoridades no aprendieron de las crisis de los incendios de 2019. ¿Esta vez cree que cambió algo, que las autoridades van a tomar medidas para evitar otra crisis en 2025?

-El problema es que la capacidad económica del Estado entre el 2019 y 2024 es muy distinta. En 2019, Bolivia estaba en la etapa final pero todavía estaba en el ciclo alto del boom o de la bonanza de la renta petrolera, básicamente por la exportación de gas natural.

Eso se ha agotado, se han agotado las reservas internacionales de divisas y el año pasado ya hemos tenido otro tipo de problemas económicos, lo cual quiere decir que la capacidad financiera del Gobierno para combatir incendios está prácticamente desmantelada. Tanto es así que el Gobierno ha pedido no solamente una, sino varias veces este financiamiento a la cooperación internacional en forma de créditos para combatir los incendios.

Hay un proyecto de financiamiento del año pasado justamente para esto con el BID [Banco Interamericano de Desarrollo] de 250 millones de dólares para combatir riesgos, entonces esa es una muestra de que no hay fondos. Lo que sí me llama la atención es que estos préstamos internacionales son para desastres naturales y en el caso de los incendios podrían ser contraproducentes.

Podrían tener un efecto perverso por lo siguiente: los desastres naturales, cuando hay inundaciones, sequías, no son provocadas por el hombre directamente, y esos desastres son inevitables, impredecibles. Y hay que intervenir. En el caso de los incendios, sí hay relación, mayormente están provocados por la mano del hombre. Se genera un incentivo negativo porque si hay incendios el gobierno se declara en emergencia y esa declaratoria de emergencia habilita el acceso al financiamiento externo.

No han evaluado en los organismos internacionales que han aprobado estos financiamientos que esto, en lugar de ayudar a combatir los incendios, puede empeorar y probablemente, hasta diríamos especulando, podría haber pasado eso el año pasado.

Mecanismos

-Usted viene advirtiendo sobre un aumento de la deforestación, especialmente desde 2016 y 2024 no fue la excepción. ¿Cuáles son los mecanismos de la deforestación en Bolivia?

-Nosotros tendríamos que hablar de desmontes. La deforestación implica pérdida de bosque por degradación, por sequía, por falta de recuperación y otros temas. Y el origen fuerte de la intervención humana son los chaqueos o desmontes.

La diferencia con respecto a hace 15 años es que los desmontes actualmente se hacen mecanizados. Antes eran manuales y a pequeña escala. Actualmente, la mecanización de la agricultura en los desmontes implica el uso de maquinaria pesada que permite habilitar tierras a gran escala, con unidades de producción de al menos 20 hectáreas. Este es el tamaño al que se ajusta este modelo agrícola. Sin embargo, desmontar a gran escala con maquinaria pesada aumenta la probabilidad de que los incendios resultantes sean más grandes y los riesgos más altos, especialmente si no se toman medidas preventivas adecuadas, como la creación de cortafuegos alrededor de la zona desmontada.

La falta de fiscalización y control, junto con las quemas no autorizadas, ha multiplicado el riesgo de incendios en Bolivia. Hace diez años, había alrededor de 10,000 puntos de contacto entre las zonas de quemas y los bosques, pero actualmente esa cifra se estima en alrededor de 50,000.

En cuanto a la pausa ecológica declarada por el Gobierno en septiembre, se considera que esta medida no será efectiva si no se cuenta con fondos y una política efectiva de combate al fuego. Además, existen conflictos de interés importantes, ya que algunos aliados políticos del gobierno han recibido tierras y autorizaciones para desmontes sin mayores trámites.

En cuanto a la minería del oro, se ha observado una expansión de esta actividad en la región amazónica de Bolivia, impulsada por los altos precios internacionales y la facilidad de contrabando. La minería del oro, controlada por cooperativas mineras, ha generado conflictos por la contaminación de los ríos y el despojo de derechos de los pueblos indígenas.

En general, se considera que Bolivia carece de una estrategia efectiva para la protección y defensa del medio ambiente, especialmente en la Amazonía. Se requiere de un enfoque más actualizado y sostenible que no solo se base en la conservación de paisajes intocables, sino que también tome en cuenta las necesidades y derechos de las comunidades indígenas y la sostenibilidad a largo plazo. La idea de que los parques nacionales queden al margen del avance de modelos de explotación no ha sido efectiva. A pesar de los planes de manejo del suelo y bosques relacionados con recomendaciones para buenas prácticas, las normativas han sido interpretadas de manera discrecional, permitiendo avances territoriales extractivistas. Esta falta de innovación en estrategias de protección ha llevado a problemas como la venta de territorios indígenas a sectas.

En cuanto a los contratos de litio en Bolivia con empresas de Rusia y China, se han cuestionado los altos costos de producción inflados y la distribución desigual de beneficios, que ponen a Bolivia en desventaja en comparación con países vecinos como Argentina y Chile. La nacionalización del litio no se mantuvo debido a la falta de capacidad tecnológica y de control sobre el proceso productivo.

La crisis política en Bolivia no ha tenido un impacto directo en la política ambiental, pero ha generado disputas internas en el oficialismo que han afectado la distribución de tierras y el desarrollo de infraestructuras en áreas protegidas. A pesar de retórica sobre la Madre Tierra, la implementación de políticas ambientales efectivas ha sido limitada. El vicepresidente se ha caracterizado por hablar en términos de radicalismo ambiental, proteccionismo y la Pachamama en público, pero se reconoce que estas no son políticas oficiales del Estado.

En cuanto a las inundaciones, se aprobó un préstamo de 75 millones de dólares para reparar los daños, pero se prevé que solo un 20% de ese dinero se destine realmente a la reconstrucción. Por otro lado, la crisis económica ha llevado al Gobierno a tomar medidas parcheadas, como convertir la soja en biodiésel para reducir importaciones de diésel, lo que aumenta la presión sobre los bosques.

En relación a los guardaparques, la falta de presupuesto y de un claro lineamiento de políticas de Estado ha llevado a una crisis institucional. Además, Bolivia ha renunciado a compromisos internacionales que podrían ayudar a disminuir la deforestación.

El principal desafío ambiental para Bolivia son los incendios forestales, que han causado un gran impacto en términos de contaminación y emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Se necesita una política integral de prevención y control, así como acuerdos sociales.

En cuanto a la contaminación por mercurio, se han tomado medidas para controlar la importación de este material, pero la crisis económica ha paralizado algunos daños ambientales. En el corto plazo, Bolivia no está preparada para combatir nuevos incendios, y se recomienda no aprobar financiamiento externo para este fin, ya que los incendios forestales son provocados por el hombre y no deben considerarse desastres naturales. In the Andean country during the year 2024, four million hectares were devastated by fire, which accounts for 40% of the forests in this nation, impacting the rich local biodiversity and leaving a trail of death, desolation, and poverty behind. Bolivia was declared in a state of disaster at that time due to experiencing 3,036 wildfires simultaneously. These numbers far surpassed those of other countries worldwide, highlighting the national deficiencies in terms of prevention and firefighting resources.

The air pollution in some areas reached levels incompatible with human life, and the consequences of these fires, according to experts, will be felt for years to come, affecting both the affected human populations and nature.

Bolivia in Flames and More

Gonzalo Colque, an economist specializing in agrarian and environmental studies, was the executive director at Fundación Tierra and currently works as a researcher, providing an authoritative voice on Bolivia’s complex environmental reality. He believes that the major wildfires of 2019 and 2024 in Bolivia not only could repeat this year but also that the country is ill-prepared to respond adequately to another socio-environmental tragedy of this magnitude.

Colque observes a lack of governance and a state besieged by economic challenges, neglecting environmental issues. Deforestation is on the rise, with the expansion of agricultural frontiers and monocultures encroaching on territories that should be preserved. Additionally, illegal mining activities and river pollution from mercury use contribute to the environmental degradation.

After the Fires

The catastrophic wildfires of 2019 and 2024 have left the affected areas in dire conditions. The recent fires are mainly concentrated in the Santa Cruz department, a significant shift from previous years where Beni was also heavily affected. The primary driver behind the fires in Santa Cruz is the expansion of agricultural frontiers, particularly for soy cultivation, mechanized agriculture, and extensive monocultures. This expansion is fueled by international demand for soy as a commodity, maintaining high prices for over a decade.

Preventive Measures?

The crisis of 2024 may indicate that authorities failed to learn from the wildfires of 2019. With the economic landscape vastly different between these two periods, Bolivia’s financial capacity to combat fires has been severely diminished. The government has sought international cooperation and financing to address the wildfires, including a $250 million project with the IDB for risk mitigation. However, such external funding for natural disasters like fires could inadvertently incentivize further fire outbreaks, as the government can access emergency funds more easily during fire emergencies.

Colque warns of the mechanisms driving deforestation in Bolivia, particularly through mechanized land clearing practices known as «chaqueos» or desmontes. These activities have evolved from manual and small-scale operations to large-scale mechanized deforestation, contributing significantly to forest loss and environmental degradation.

In conclusion, the environmental challenges faced by Bolivia, exacerbated by wildfires and deforestation, require urgent attention and sustainable solutions to prevent further devastation and protect the country’s natural resources for future generations. Efforts to address governance issues, regulate land use practices, and promote sustainable development are essential to mitigate the environmental crisis unfolding in Bolivia. En la actualidad, la agricultura mecanizada utiliza desmontes con maquinaria pesada para habilitar tierras a gran escala, con unidades de producción de 20 hectáreas en adelante. Este tamaño es el que se adapta al modelo de agricultura actual.

El desmonte a gran escala con maquinaria pesada aumenta la probabilidad de que las quemas sean más extensas y los riesgos de incendios sean mayores. Es crucial contar con corredores de cortafuego alrededor de las zonas desmontadas para prevenir que el fuego afecte a los bosques. Es necesario limpiar la vegetación y dejar una franja doble a la altura de los árboles para evitar que el fuego se propague.

La falta de fiscalización y control, junto con las quemas no autorizadas, aumenta el riesgo de incendios debido a la magnitud del fuego y la gran cantidad de puntos de contacto entre las zonas de quemas y los bosques.

En cuanto a la pausa ecológica declarada por el Gobierno, se considera que no es efectiva sin fondos ni una política de combate contra el fuego. Existe un conflicto de interés significativo entre los aliados políticos del gobierno que han recibido tierras para desmontes sin mayores trámites.

Se identifican zonas de sacrificio en las reservas forestales donde se permite la explotación de la madera y la conversión en monocultivos, afectando a los bosques nativos y conectados a la Amazonía.

La minería del oro se ha expandido en la región amazónica de Bolivia debido a los precios internacionales y la facilidad para el contrabando. La contaminación de los ríos y el despojo de derechos a los pueblos indígenas son problemas graves derivados de esta actividad.

A pesar de los intentos de controlar la minería ilegal, el interés económico de este sector prevalece por encima de cualquier regulación o control. La falta de una estrategia de protección y defensa ambiental en la Amazonía boliviana es un desafío que debe abordarse con urgencia. La idea de que los parques nacionales queden al margen del avance de modelos de explotación sigue siendo un desafío. En los años 90, se creían que los planes de manejo del suelo y bosques estarían relacionados con directrices de buenas prácticas y reglas para evitar avances territoriales de modelos extractivistas. Sin embargo, esto no ha funcionado y seguimos trabajando dentro de ese marco normativo.

Un ejemplo en Bolivia es que hay áreas protegidas que no deberían tener agricultura mecanizada ni comercial, solo agroforestería, pero la discrecionalidad en la interpretación de las normativas permite que se den autorizaciones para actividades prohibidas. Esto ha llevado a la deforestación y otros problemas en áreas que deberían estar protegidas.

En cuanto a los contratos de litio con empresas de Rusia y China, se han cuestionado los términos económicos de los acuerdos, ya que Bolivia asume la mayoría de los riesgos financieros y las inversiones de las empresas son en realidad préstamos con altas tasas de interés que Bolivia debe devolver en litio. Además, se han inflado los costos de producción para minimizar los beneficios que el gobierno boliviano recibe.

La nacionalización del litio en Bolivia se ha visto obstaculizada por la falta de capacidad tecnológica y control sobre todo el proceso productivo. La crisis política en el país no ha tenido un impacto directo en la política ambiental, pero algunas disputas internas han llevado a políticas de tierras que han resultado en la deforestación de áreas protegidas.

En general, a pesar de los discursos sobre la Madre Tierra y la Pachamama, el gobierno boliviano ha seguido con políticas que no han frenado la explotación de los recursos naturales y la degradación ambiental en el país. The vice president already has a public profile of someone who speaks in terms of environmental radicalism, protectionism, Pachamama, but that’s where it ends, as a decorative figure and we know that it is not state policy.

Floods

-How is the Government handling the crisis caused by the floods and what prevention measures do you think could have been taken but were not implemented in time?

-The only thing we know is that a loan, an external credit of 75 million dollars aimed at repairing the damages caused by this climatic event, has just been approved.

The Bolivian issue is that this money will not go directly to repairing these damages because what the Government will do is receive the loan, issue that loan in local currency, and the Central Bank will provide the General Treasury of the Nation with those dollars as a loan, and the General Treasury will use these funds to import fuel.

Economically, this means that many things will be left along the way, and it is even possible that the Fund ends up financing expenses already assumed by the government. So, being optimistic, I would say that only 20% of that will actually go towards repairing the disasters, and that will end up replacing the construction of a bridge that is seriously affecting road access in the northern area of La Paz. That is the response capacity we have for now.

Patchwork

-Describe a policy of patching holes with patches…

-We are in an election year. The economic crisis is unsustainable and is conditioning everything else, including environmental rights, natural disasters, and the fact that we will not have policies to prevent future wildfires.

We have a strong problem that also has multiple crises. Under these conditions, we are almost abandoning many policies and practices for environmental protection or indigenous peoples’ rights. At this moment, we have a State with very little capacity for action, supervision, intervention, and implementation of existing policies.

There is a double motivation now to produce more soybeans because the Government has become a buyer of soybeans that it turns into oil, and this oil is turned into biodiesel, in a desperate attempt to reduce diesel imports in the country. So, this obviously exacerbates the interest in further deforestation (deliberate fires) for monocultures.

Park Rangers

-Park rangers have been protagonists of an institutional crisis earlier this year, with accusations, displacements, and reinstatements. What do you think is failing at this point?

-We have a very large lack of governance. There are people who are not receiving salaries. There is no operational budget for them to carry out their work. There are internal struggles for control of these units, not only for access to a public job but also for greater rights and authorizations to use these natural resources in protected natural areas.

There is a very strong limitation in operational terms for these units, and there is also a loss of direction on what the State’s policy should be. Public officials feel a great disorientation about what their role should be. And in some cases, it ends up being what each one decides. So, there is a lack of guidance that pursues objectives and achieves goals.

Additionally, Bolivia has also renounced signing international commitments, so internationally, it is not obliged to reduce deforestation due to fires in the country. President Lula da Silva convened all the presidents of the Amazon region, and Bolivia did not sign this agreement.

So, this also shows that Bolivia is in a position of ambivalence in these terms. Because two years ago, it rejected carbon credits, and today it is considered an important financing opportunity to obtain money in exchange for forest protection.

Environmental Challenge

-What do you think is the main environmental challenge for Bolivia?

-Undoubtedly, it is wildfires. They cause the greatest impact in terms of indicators, pollution, and greenhouse gas emissions in the country. It is challenging because it not only requires a policy of wildfire prevention, control, and supervision but also a redesign of all environmental safeguards and land use rights. It means rezoning areas for intervention and non-intervention, protection, and restoration.

It also means, obviously, having social agreements and pacts. So, if Bolivia were to face and resolve this issue in the next five years, we would have made progress compared to what we have today. The second challenge, I believe, is contamination from gold mining in the Amazon.

Mercury Pollution

-Have measures been taken regarding mercury pollution?

-No, there was a stricter control policy on the import of mercury into the country, which I think has had a strong effect. And now an indirect effect because we do not have the capacity for importation, and miners are demanding dollars to continue importing this material. Due to the economic crisis, some environmental damage has been halted.

Preparation for New Wildfires

-In the short term, is Bolivia not prepared to combat a new wildfire crisis?

-No, not at all, it is not prepared for more wildfires. In fact, I would say that the possibility of accessing that external financing of 250 million is a double-edged sword. If I had to recommend, I would recommend that international organizations do not approve loans or credits for firefighting in the name of natural disasters. Because they are not natural disasters, but rather disasters caused by humans.

And if the national Government has a high interest in obtaining that financing by declaring a national emergency, it is certain that that national emergency of a disaster will end up being provoked. That is the issue that I believe international organizations that have signed financing agreements for natural disasters are not considering. Forest fires should not be considered natural disasters. – Emilia Delfino – Mongabay. Please rewrite this sentence. Please rewrite this sentence. Please rewrite this sentence.

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