Autor y socio del ‘caso Koldo’ a prisión por estafa de hidrocarburos.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió a prisión provisional, con preaviso y sin fianza, al empresario Víctor de Aldama -presunto autor del «caso Koldo»- y a su socio, Claudio Rivas, por su presunta participación en un fraude contra el Tesoro Público de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
En un auto, planteado por Europa Press, el titular del Juzgado Central Número 5 coincide con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y, además, le asigna delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y lavado de dinero a cada prisionero.
El magistrado tomó declaración esta mañana a los dos detenidos y a la hermana de Rivas, María Luisa, a quien dejó en libertad con la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado más cercano a su domicilio, retirarle el pasaporte y prohibirle salir del territorio nacional sin autorización judicial.
El juez, que cifra el fraude en casi 182 millones de euros, señala a los codirectores Claudio Rivas y Víctor de Aldama como responsables de la organización criminal, a María Luisa Rivas como subdirectora, así como a otros colaboradores y varios testaferros ubicados en los órganos de administración de las empresas proveedoras.
El magistrado también detalla en su resolución que «se identificaron transferencias al exterior por importe de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China».
Pedraz explica que la organización criminal supuestamente diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizaba para perfeccionar el lavado de los capitales generados. Así, se transfirieron fondos de origen delictivo a las cuentas bancarias a su cargo, principalmente de las cuentas de los proveedores.
«Teniendo en cuenta que el dinero proviene de proveedores, comerciantes que acostumbran a bajar el precio de los hidrocarburos con el IVA que no van a pagar, todo el dinero transferido proviene del impuesto supuestamente fraudulento», afirma el juez.
En su resolución, el magistrado analiza la operación lanzada por los investigados para llevar a cabo la actividad fraudulenta utilizando una serie de firmas instrumentales para operar en el mercado.
El juez señala que «la creación de la estructura empresarial tuvo dos finalidades claramente diferenciadas». «Uno destinado a perfeccionar el fraude, que hasta ahora está plenamente definido», afirma.
La otra, prosiguió, «claramente orientada al blanqueo de capitales, que está parcialmente identificada, advirtiendo que pueden existir otras firmas que tengan cuentas bancarias en el exterior que aún no han sido identificadas y a través de las cuales los investigados puedan operar, salvaguardando el patrimonio vinculado».
El magistrado justifica la detención provisional de Aldama y Rivas por la gravedad del delito con la pena que podría aplicarse en su caso y que podría provocar que los imputados eludieran la justicia.
Agrega que en esta etapa inicial de la investigación queda por analizar gran parte del material de los expedientes y actas para acordar nuevos procedimientos, a los que se suman las salvaguardas efectivas decretadas para recuperar la mayor cantidad posible de lo defraudado y proteger a los posibles perjudicados si ambos acusados son puestos en libertad.
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