Acorraladas por el narcotráfico: comunidades nativas de Atalaya, Perú
En medio de la selva peruana, las comunidades nativas de la región de Atalaya conviven forzosamente con el narcotráfico que se ha apoderado en los últimos 10 años de los alrededores, donde plantan impunemente coca, destruyen la naturaleza y construyen pistas de aterrizaje ilegales, mientras amedrentan, amenazan y asesinan a los que les plantan cara.
El bote se detiene vibrando entre las rocas y el fango de una breve pendiente que surge del río Ucayali en Atalaya. Sixto, la piel tostada y el ceño como una malla de incisiones que trazan su frente, salta a tierra. Sube a trancos largos hasta una planicie salpicada de platanales, cultivos de yuca y follaje disperso. Solo alza la mano y saluda. El camino que ahora sigue penetra en una muralla de árboles, atraviesa lodazales, contornea el ramaje que condensa el bosque.
No habla. Sabe a dónde hay que llegar y con eso es suficiente. A ratos, apenas susurra: “Ya falta poco”. En cada tramo, mientras afianza el paso, Sixto ausculta el horizonte, aunque sea siempre el mismo cuadro de troncos y vegetación diseminada. Los parajes de selva espesa que transita pertenecen al distrito de Tahuanía, provincia de Atalaya, en la Amazonía del Perú. Han pasado 34 minutos de enmarañado trayecto. El techo que forman las copas de los árboles de pronto se abre a un enorme rectángulo terroso. “Son 985 metros, una gran ‘cancha’ – susurra y apunta al otro extremo— hemos llegado”.
Ninguna avioneta del narcotráfico ha despegado aún de esta pista clandestina en Atalaya. El trazo quedó listo hace cinco años, pero el brote del coronavirus paralizó la demanda de las mafias por más vías para sacar sus cargamentos de droga. Así lo recuerda Sixto, ahora menos tenso, más locuaz. Él fue uno de los jóvenes que hizo el enripiado del suelo luego de que el terreno fuera desboscado. Dice que un familiar suyo lo convocó, que cumplió con el trabajo durante dos semanas y volvió a su hogar. Sixto no es su verdadero nombre, pues frente al peligro, prefiere mantener su nombre en el anonimato.
La pista fue abandonada desde el inicio de la pandemia, sin embargo, grupos de hombres la han comenzado a habilitar otra vez. “Llegan cada cierto tiempo. Están nivelando la tierra y podando los matorrales que han crecido en los costados”, cuenta una fuente local. El temor que lo punzaba en el camino era, más bien, la duda de no haber calculado con precisión si íbamos a encontrar el área despejada.
Se trata de un sector de narcotráfico en preparación, situado cerca de las comunidades nativas de Chanchamayo y Pandishari. La que muestra Sixto es apenas una de las decenas de pistas clandestinas que han convertido a Atalaya en la provincia de la región Ucayali más convulsa por los vuelos del narcotráfico.
Mongabay Latam y Earth Genome desarrollaron una herramienta de búsqueda que utiliza inteligencia artificial (IA) y detectaron 45 pistas clandestinas para la salida de cargamentos de droga en Ucayali, de las cuales 18 están dentro y 19 alrededor de territorios indígenas.
Pistas disimuladas en los bosques de Atalaya
Las pistas de aterrizaje ubicadas por el algoritmo y la IA también se pueden ver en la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch. La información obtenida a través de los satélites fue cruzada con los hallazgos de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) y la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali.
El desarrollo de este proceso, sumado a la verificación de cada trazo con fuentes locales y oficiales, permitió confirmar que existen al menos 45 narcopistas en Ucayali. De esas, 31 están desperdigadas dentro de los cuatro distritos de la provincia de Atalaya: Raymondi (17), Sepahua (6), Yurúa (4), Tahuanía (4). Lo preocupante es que 26 de los 31 aeródromos ilegales de Atalaya afectan dentro y alrededor a comunidades y reservas indígenas localizadas en esa jurisdicción.
En el caso de Tahuanía, el área de Operaciones Tácticas de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas en Pucallpa asegura que se trata de pistas clandestinas abandonadas. “Pero si hay firmas u organizaciones criminales con cargamentos listos y que requieren de una pista que está inactiva, entonces la limpian bien y la activan de inmediato”, detalla el agente encargado del departamento policial.
Eso es lo que está ocurriendo en la pista que visitamos con Sixto. Las matas cortadas en los lados revelan que el trazo inicial tuvo cinco metros de ancho. Hay rastrillos tirados y cilindros que funcionan como hitos en los trechos donde la tierra ya fue afirmada. Todo, al parecer, está quedando listo para próximos envíos de droga.
La policía señala que avionetas Cessna de bandera boliviana son las que aterrizan en Atalaya para llevar cargamentos de entre 300 y 350 kilos de clorhidrato de cocaína. Uno de los destinos más recurrentes es el departamento de Beni, en el norte de Bolivia, y algunas veces, luego de una parada ahí, la misma avioneta que partió de la selva peruana sigue rumbo a Brasil.
Fuentes en la zona sostienen que existe un negocio de alquiler de narcopistas en esta parte de la Amazonía. Si alguien necesita usar una, nos explican, puede elegir el lugar más conveniente y pagar entre US$10 mil y US$20 mil. No lo admite, pero es evidente que su experiencia en el territorio lo ha hecho conocedor de los pormenores que implica el envío al exterior de cada cargamento de droga.
“Al día pueden salir hasta cuatros vuelos. A veces mientras en una avioneta van cargando la droga otra va despegando. Cada operación debe tardar cinco minutos, como máximo. Así, una misma organización puede sacar diariamente hasta 1200 kilos de cocaína”, nos explica uno de los entrevistados.
Son las 2 p.m. y, según los testimonios recogidos, todos los vuelos correspondientes al día de nuestra visita, ya han despegado. “Las naves salen desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Y es muy raro que una organización utilice la misma ‘cancha’ más de dos veces. Siempre están buscando nuevas pistas para aterrizar y partir”, nos explican.
Las comunidades de las etnias asháninkas, ashéninkas, yines y shipibas de Atalaya son las más perjudicadas por el narcotráfico. Los delitos conexos (amenazas, extorsiones, sicariato) han propiciado que Ucayali escale al sombrío sitial de ser una de las regiones más peligrosas para las comunidades nativas en la Amazonía peruana.
La Organización Regional Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) Ucayali – ORAU tiene contabilizado que, desde 2013, al menos 35 líderes indígenas han sido asesinados en el Perú. Herlin Odicio, vicepresidente de la organización indígena, hace una rápida ecuación mental y afirma que, al menos, 10 de estos crímenes se cometieron en Ucayali. La ORAU, que agrupa a 13 federaciones de diferentes pueblos indígenas en Ucayali, ha documentado también con fechas los casos de 28 defensores ambientales de esas tres regiones que están amenazados de muerte y son víctimas de hostigamientos por proteger sus territorios.
El último en esta lista era Mariano Isacama Feliciano, dirigente de la comunidad nativa Puerto Azul, quien desapareció el 21 de junio tras una serie de amedrentamientos que llegaron a su teléfono celular. Él fue encontrado muerto 23 días después, en un descampado. Odicio está convencido de que ha sido una venganza del narcotráfico: “Desde abril, la guardia indígena de Atalaya ha quemado cocales, destruido pozas de maceración y promovido sobrevuelos. Tenía información de que iban a tomar represalias contra los líderes”.
De las 31 pistas de aterrizaje para el narcotráfico que hay en Atalaya, 26 afectan a comunidades y reservas indígenas. Crédito: Mongabay Latam. Ucayali cerró el 2023 con una deforestación de 27 340 hectáreas, y apenas en los dos primeros meses de 2024 su pérdida de cobertura boscosa alcanzó las 673 hectáreas (203 hectáreas al interior de comunidades nativas), según la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre Ucayali (Gerffs).
Franz Tang, gerente de la oficina regional de Atalaya, le dijo a los investigadores que, en promedio, el 45% del desbosque anual en Ucayali está relacionado con el narcotráfico, lo que coincide con las más de 12 mil hectáreas de cultivos de coca reportadas para Ucayali, en el último monitoreo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Vulneración de los derechos de los nativos
“Corremos riesgo, pero el Estado no nos ayuda, no nos da seguridad. Los defensores de la tierra morimos porque peleamos cuando son vulnerados nuestros derechos. Atalaya está convirtiéndose en un segundo Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro)”.
Las palabras se atropellan en la voz de un dirigente amenazado de una importante federación indígena de la zona que prefiere ser aludido con un seudónimo: Francisco. Sin resquicio de duda, afirma que desde el 2015 los sembríos de hoja de coca, las pistas de aterrizaje y las correrías del narcotráfico fueron incrementándose notoriamente en Atalaya. También las matanzas y desapariciones que, asegura, no siempre son conocidas pero asolan tanto la ciudad como las comunidades nativas: “Yo sé de dos hermanos indígenas asesinados en 2023 y de uno que ha desaparecido este año”.
En 2015, año en el que según Francisco el narcotráfico empezó a intensificarse en Atalaya, el gobierno peruano cumplía dos años de haber desplegado una serie de operativos e interdicciones contra el narcotráfico sobre diversas zonas críticas del Vraem, sector que hasta hoy concentra la mayor superficie de cultivos de coca en el Perú (38 253 hectáreas), y en donde las mafias han establecido inhóspitos circuitos para el traslado de la droga que producen.
En aquel año, los reportes del Comando Especial del Vraem, el conjunto de unidades militares que opera a lo largo del valle cocalero, indicaban que diariamente eran destruidas entre tres y cuatro pistas clandestinas en esa zona. Ello derivó en la inhabilitación de unas 200. El área de Operaciones Tácticas de la policía antidrogas en Pucallpa informó a Mongabay Latam que, entonces, la implementación de narcopistas creció en lugares como Ciudad Constitución (Pasco), Codo del Pozuzo (Huánuco) y, posteriormente, Atalaya (Ucayali): “Aquí entraron con fuerza a Raymondi, y también a la zona del río Inuya, en Sepahua”.
No sólo se han trasladado las pistas clandestinas a Ucayali. En su informe más reciente, Devida, comisión que dirige la política nacional de lucha contra las drogas, anota que aunque el Vraem alberga el 41% del total de hoja de coca en el país (38 253 hectáreas), Ucayali tiene 12 221 hectáreas de cocales, la mayor cantidad por región. Dentro de esta zona, el denominado Bajo Ucayali, conformado por los distritos de Iparía (Coronel Portillo) y Tahuanía (Atalaya), Raymondi (Atalaya) y Sepahua (Atalaya), acumula 3355 hectáreas de hoja de coca. El Vraem y el Bajo Ucayali, de acuerdo con el monitoreo de Devida, mantienen una fuerte tendencia a la expansión de los cultivos ilícitos y sus consecuencias.
La relación entre el Vraem y Atalaya también es confirmada por la policía antidrogas de Pucallpa. Los oficiales han identificado una importante ruta de la droga que parte del valle cocalero: empieza en el río Apurímac y, luego de que éste confluye con el Mantaro, sigue por el río Ene. Tras la unión del Ene y el río Perené, el corredor continúa por el río Tambo, que se encuentra con el Urubamba para formar el río Ucayali en la ciudad de Atalaya.
Así, los cargamentos llegan en embarcaciones repletas hasta las proximidades de las pistas clandestinas. De hecho, 10 de las pistas detectadas por el algoritmo están a menos de dos kilómetros de los ríos Urubamba y Ucayali. Personal militar de inteligencia precisó a Mongabay Latam que el 90% de la droga elaborada en el Vraem sale del Perú por vía aérea y apenas un 10% mediante carreteras o a través de ríos y el mar.
“Pero eso no quiere decir que en Ucayali no haya elaboración. Iparía y Masisea se han vuelto zonas de producción, también algunos puntos de Atalaya. Hay hermanos indígenas que son empleados para las cosechas de coca. Muchas veces esa termina siendo la única actividad económica rentable aquí. No tenemos oportunidades por el desinterés del Estado”, dice Francisco arqueando las cejas.
Como si fuera una lista que repite de memoria cada cierto tiempo, Francisco señala que Centro Lagarto Juvenil, Flor de Mayo, Nueva Claridad de Bambú, Puerto Alegre, Colpa, Flor de Shengari, Chanchamayo, Diobamba, Pandishari, Puerto Esperanza y Galilea son las comunidades nativas de Atalaya más complicadas por las operaciones del narcotráfico. Entre ellas, remarca que Centro Lagarto Juvenil, en Raymondi, es la que corre mayor peligro pues registra constante asentamiento de invasores no indígenas que extienden sembríos de hoja de coca y han habilitado una pista de aterrizaje clandestina.
La arremetida del narcotráfico en Atalaya obligó a que varias comunidades nativas emprendieran una riesgosa lucha frontal contra estas mafias, en algunos casos con éxito. No obstante, la tensión ha quedado como un estigma en la rutina de sus pobladores. Es lo que sucede en una de las comunidades ashéninkas del distrito de Raymondi. Allí las organizaciones criminales establecieron una suerte de bastión para los envíos de droga, que la población y autoridades consiguieron erradicar en un trabajo articulado.
Sin embargo, la posibilidad de que la convulsión retorne continúa latente. “En nuestro territorio había pistas de los narcos. Tuvimos que conformar un comité de autodefensa e informamos a la Marina de Guerra lo que ocurría. Así logramos retirarlos. Pero ahora están intentando levantar vuelos nuevamente. Ya no queremos más problemas”, narra una fuente local con angustia y en evidente tono de auxilio.
El monitoreo de Devida puntualiza que la superficie de hoja de coca en comunidades nativas es de 13 054 hectáreas en todo el país, lo que representa el 14% del total nacional (92 784 hectáreas). La tendencia aquí, según la evaluación del organismo estatal, también es creciente.
Toda la grave situación descrita por los comuneros indígenas y los reportes satelitales de Mongabay Latam y de otras organizaciones que han investigado el tema, contrasta con la información que contempla la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos
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