El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reiteró el viernes su solicitud de que la autopista AP-9 quede libre de peajes de forma inmediata en el tramo entre la ciudad de Olívica y Pontevedra. Además, expresó su preferencia sobre qué administración debería encargarse de ello: «Si me preguntas, quiero que lo gestione España, porque es la que puede pagar; si lo gestionara Galicia, no podría pagar la compensación, lo haría España».
Estas declaraciones las hizo en respuesta a preguntas de los medios de comunicación durante una comparecencia después de una reunión del gobierno local. El concejal de Olívica señaló que no le importa «exactamente» quién gestiona la Autopista del Atlántico, pero dejó claro su preferencia por que sea el Gobierno central. «No es complicado, que lo gestione España, pero que sea gratuito», enfatizó.
Abel Caballero enfatizó la importancia de que la autopista esté libre de peajes y, al ser preguntado sobre el traspaso de la AP-9, reiteró: «A mí me da igual, lo que me preocupa es que todo lo que tiene la Xunta no sirve, porque no tiene dinero para trabajar».
En este sentido, recordó que las carreteras regionales aún tienen peajes y reiteró su deseo de que la AP-9 sea gratuita y «gestionada por el Estado». «¿Le está yendo mal? No, le está yendo bien», agregó.
Sin embargo, aclaró que hubo un momento de mala gestión de la Autovía por parte del Estado, fue durante el Gobierno de Aznar cuando se amplió la concesión hasta 2048. «El resto va bien, pero cuando Aznar dio la prórroga, eso fue un ataque a Galicia», afirmó.
Por otro lado, el alcalde de Vigo expresó su deseo de que el alcalde de Pontevedra también hable sobre la importancia de eliminar los peajes entre ambas ciudades y descartó buscar una alianza con otros municipios en relación a la AP-9. «Yo actúo como alcalde de Vigo, que cada ayuntamiento haga lo que quiera», afirmó.
DESACUERDO CON EL PSdeG
Con estas declaraciones sobre la gestión de la autopista, Abel Caballero se distancia de la postura del PSdeG, que apoya el traspaso de la AP-9 a Galicia, posición que fue expresada en el Parlamento regional con el respaldo a una iniciativa dirigida al Congreso para impulsar esa transferencia (también apoyada por el PP y el BNG).
En junio, el Congreso aprobó considerar un proyecto de ley para el traspaso, con el rechazo de Vox. Sin embargo, dos días después, el PSOE se abstuvo en la votación de una iniciativa acordada por el PP y el BNG para instar al Gobierno a ceder la autopista, eliminar los peajes y cancelar la concesión hasta 2048.
De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, fue el primero en cuestionar la viabilidad de este traspaso, al considerar que presenta dificultades jurídicas y no es económicamente viable cancelar la concesión.
