El Constitucional anula condena por caso de corrupción ERE.
Se espera que la misma sentencia se aplique a muchos otros ex altos funcionarios condenados por malversación de fondos de la administración regional, incluidos los ex presidentes regionales José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
La Corte Constitucional española anuló el martes la condena por malversación de fondos del ex director general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, ordenando su liberación inmediata y abriendo la posibilidad de reducciones de sentencia para otros altos funcionarios de la junta de Andalucía condenados en uno de los mayores casos de corrupción en Europa. La decisión fue tomada por la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, después de una reforma del Código Penal impulsada por el gobierno socialista de Pedro Sánchez a principios de 2023.
Todos los ex altos cargos condenados por el caso ERE eran militantes del Partido Socialista (PSOE). El Tribunal Constitucional examinó el recurso de amparo de Miguel Ángel Serrano, uno de los condenados por malversación de fondos que cumplía una sentencia de seis años y medio de prisión. Se espera que el Tribunal Constitucional aplique la misma sentencia a muchos otros ex altos funcionarios condenados por malversación de fondos de la administración regional, incluidos los ex presidentes regionales José Antonio Griñán (2009-2013) y Manuel María Chaves (1990-2009), cuyos recursos serán examinados el 16 de julio.
El gobierno andaluz estima que se defraudaron 679 millones de euros, de los cuales solo se han recuperado 27 millones hasta la fecha, casi 15 años después de iniciada la investigación.
La controvertida reforma fue acordada en 2022 con los separatistas catalanes, de los cuales el Gobierno de Sánchez depende para sobrevivir, e incluyó una reducción de las penas por malversación de fondos y la sustitución del delito de rebelión por uno de «alteración pública agravada». En aquel momento, el Gobierno afirmó que el pacto con sus socios catalanes, algunos de los cuales ya estaban condenados por estos crímenes, sirvió para cerrar la herida del proceso. La oposición, liderada por el Partido Popular, acusó a Sánchez de «obligar» al pleno del Tribunal Constitucional a «acabar con la corrupción del PSOE».
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