A la Región de Murcia le deben 124 millones de euros por falta de PGE
El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, reiteró el miércoles en la Asamblea que los presupuestos «son la hoja de ruta» de un Gobierno y que, al no aprobarlos, la Región se queda «sin 124 millones de euros, lo que equivale a un mes de salario para los funcionarios y las nóminas de los centros y universidades concertados de toda la Comunidad para lo que queda de año», además de que «Arco Norte y el tercer carril de la A-3 tendrán que esperar porque no hay presupuesto».
Respondió de esta manera a la pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, durante la reunión de control del Gobierno, donde afirmó que la ausencia de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2024 «agrava la situación» de la Región de Murcia. Por su parte, López Miras aseguró que con ello el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, «deja de asumir responsabilidades» y que solo existe «para aprobar una ley escrita por un prófugo» en referencia a la Ley de Amnistía.
Por otro lado, el portavoz socialista José Vélez aprovechó su turno de preguntas para acusar a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, de «inventar un levantamiento en el campamento del Hospital Naval» y afirmó que estas «falsedades alimentan el odio entre personas» y acusó al gobierno de «predicar discursos racistas y xenófobos».
Vélez también acusó al Gobierno de López Miras de «negar la existencia del cambio climático» y preguntó sobre su apoyo a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a lo que el presidente regional respondió que su Gobierno «está preocupado y ocupado constantemente» tras calificar su discurso de «humilde y egocéntrico» ya que, según él, «cree tener la patente de la solidaridad, el respeto al otro, la ayuda a los necesitados y la lucha por la igualdad».
En respuesta a las preguntas del Grupo Parlamentario de Vox, su portavoz, Rubén Martínez Alpañez, expresó su preocupación porque «el 89% del empleo que se generó en la región fue en el medio rural y en la hostelería», afirmando que «en otras regiones se puede ver cómo los trabajadores vestidos con el mismo mono hacen fila para recibir una canasta de alimentos».
El diputado aseguró que «cada vez hay más familias en la Región que tienen que elegir entre comer o pagar la hipoteca» y abogó por «la creación de empleo en sectores muy productivos», demostrando que el programa electoral del PP «apostaba por que el sector industrial alcanzaría el 25% del valor añadido bruto de nuestra economía».
Por su parte, el presidente autonómico afirmó que el Gobierno debe avanzar en «políticas de apoyo a los autónomos, políticas activas de empleo, apoyo a colectivos de especial relevancia y en formación y cualificación profesional orientada a la empleabilidad». También ha apostado por un Plan Industrial y un Plan de Empleo 2025-2028 «que girarán en torno a la formación profesional» y en los que ya está trabajando.
La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, mostró interés en la actuación del Gobierno regional hacia las empresas investigadas por la contaminación del Mar Menor en el caso Topillo y acusó al ejecutivo de «proteger a las multinacionales que destruyen la laguna salada» y «reducirles las multas».
López Miras, quien acusó a Marín de «no interesarse» por el asunto y «buscar el tuit», aseguró que en los últimos años «se han abierto 800 expedientes por posibles condiciones ambientales en la Región de Murcia» y que «se realizan inspecciones en coordinación con los organismos medioambientales, con el SEPRONA, con la Guardia Civil, con la policía local y con representantes de otras administraciones». Además, señaló que en el expediente Topillo «la Administración Regional inició siete procedimientos sancionadores por las condiciones llevadas al Mar Menor y completó ese expediente sancionador».
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