Ábalos desmonta acusaciones De Aldama con documentos al Tribunal Supremo
La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos presentó toda la documentación mencionada en su declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo el pasado jueves 12 de diciembre. La documentación incluye información sobre bienes, pagos de alquiler de una finca, informes de Adif y de la Dirección General de Carreteras que descartaron irregularidades en contratos de obra pública durante su mandato.
El objetivo de la presentación de esta documentación es que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, tenga en cuenta todas las actuaciones llevadas a cabo por Ábalos en diversos juzgados, fiscalías y comparecencias parlamentarias relacionadas con la investigación. Se incluye el informe de auditoría del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de compra de mascarillas, inadmisibilidad de una denuncia ante el TCu, acciones judiciales emprendidas por el exministro y artículos de prensa relacionados con el caso.
También se adjunta una auditoría del Ministerio de Transportes encargada por el actual ministro Óscar Puente y el contrainterrogatorio ordenado por Ábalos para combatir la auditoría del Ministerio. Además, se incluyen gestiones ante la Audiencia Nacional, respuestas y recursos generados. En relación a la casa rural en La Alcaidesa, se adjunta el contrato de alquiler, pagos y resolución del contrato.
En cuanto al «caso Delcy» y el fallido viaje del vicepresidente venezolano a España en enero de 2020, se aporta el informe fiscal y los expedientes del caso. El instructor del «caso Koldo» del Tribunal Supremo solicitó la suspensión de la inmunidad parlamentaria del exministro tras valorar «pruebas suficientes» de su posible participación en varios delitos.
Puente tomó esta decisión después de tomar declaración a Ábalos, su exasesor y el presunto autor intelectual de la trama, basándose en la documentación aportada por ellos y en intervenciones telefónicas y registros domiciliarios aprobados por la Audiencia Nacional. Considera que hay elementos suficientes para creer que Ábalos aprovechó su cargo para obtener beneficios económicos a cambio de adjudicar contratos públicos relacionados con la pandemia de COVID-19.
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