El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó el miércoles una PNL del Grupo Popular que pedía la destitución inmediata del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, por el descrédito que sus acciones causan en una Institución que debe ser imparcial e independiente. La propuesta contó con los votos a favor del PP, Vox y Francisco Igea, y con el rechazo del PSOE y Pablo Fernández, mientras que el resto del hemiciclo se abstuvo.
Ricardo Gavilanes, portavoz del Grupo Popular, aseguró que García Ortiz ha generado controversias desde su nombramiento en 2022, actuando en interés del Gobierno en lugar del interés público, lo que pone en peligro la independencia del Ministerio Público. Gavilanes destacó la importancia de una justicia integral y dedicada a su verdadera razón de ser.
La secretaria de organización del PSCL, Ana Sánchez, expresó su apoyo a García Ortiz y criticó al PP por difundir bulos sobre el Ministerio Fiscal. Además, recordó casos de corrupción vinculados al Partido Popular en Castilla y León, y cuantificó el dinero «robado» a los ciudadanos por el PP en la región.
En una enmienda adicional, Vox propuso la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de todo el Consejo de Ministros, lo cual el PP no aceptó. El abogado de Vox acusó al PP de hacer tratos con el Partido Socialista y criticó la corrupción endémica en torno al PSOE.
El abogado de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ironizó sobre la integridad de las instituciones y la separación de poderes, señalando la falta de coherencia del PP. Por su parte, Francisco Igea pidió la dimisión de García Ortiz y mencionó el papel de Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en el inicio de la controversia.
El portavoz de los leonesistas, Luis Mariano Santos, acusó al PP y al PSOE de contribuir a la polarización en Castilla y León con una PNL poco práctica para los habitantes de la región. Santos criticó la falta de atención a los problemas reales de la ciudadanía y expresó su vergüenza por el allanamiento de la fiscalía general del estado por parte de la Guardia Civil.
