Empresa no dio detalles de la medida legal

Los activos de Cementos Mexicanos en Venezuela incluyen tres grandes plantas  y otras instalaciones

Cemex fue expropiada por el Gobierno venezolano. Foto: AP

La empresa mexicana había señalado que la confiscación de sus activos representaba una "violación flagrante" de la Constitución de Venezuela y sus leyes de expropiación. También dijo que la oferta venezolana de 650 millones de dólares como compensación era "significativamente" inferior al valor real de los negocios que la cementera tenía en territorio venezolano.

El vicepresidente venezolano, Ra-món Carrizález, había dicho que Cemex pidió 1.300 millones de dólares, una cifra que consideró muy por arriba de su valor real. Cemex dice que sus activos en Venezuela incluyen tres plantas de cemento, 30 plantas más pequeñas de concreto, una terminal de transporte y otras instalaciones. Entró al país en 1994 cuando adquirió una cementera venezolana, y tiene unos 3.000 empleados.

Otras nacionalizaciones

El Gobierno venezolano anunció en 2008 la nacionalización de una acería de propiedad mayoritariamente argentina, una cementera mexicana y otras dos de capitales francés y suizo, y de un banco español, aunque no concluyó hasta ahora ninguna de las estatizaciones.

Ahora cuando el precio de la cesta venezolana, que representa aproximadamente el 90% de los ingresos por exportación, algo más del 50% del presupuesto y alrededor del 30% del PIB de la nación sudamericana, cae a mínimos no registrados desde hace 14 meses, analistas recomiendan revisar estas compras para generar ahorro.

Sin embargo, el Gobierno asegura que no echará para atrás las estatizaciones, que forman parte de una política para incrementar la participación del Estado en áreas estratégicas de la economía, aunque tampoco da señales sobre cuándo va a concretarlas.

Adicional

Tras varios meses de infructuosas negociaciones sobre un "precio justo", el Gobierno venezolano sostiene que las plantas de Cemex han ocasionado importantes daños ecológicos y atribuyen el retraso del acuerdo a la conclusión de estudios para cuantificar ese pasivo ambiental, que será descontado de la compensación final.