La petición fue hecha por el Poder Moral

La funcionaria del Tribunal Supremo de Justicia,  espera ejercer su derecho a la defensa ante la Asamblea Nacional

Mármol de León precisó que de ser apartada de su cargo seguirá luchando por la libertad, la justicia y la democracia. Foto: INTOPRESS.

Explicó que la acción del Poder Moral legalmente no procede. "No hay razón, no existe legalmente. Lo que ellos aducen es lo mismo que aducía la fiscal sexta, Luisa Ortega Díaz, cuando era fiscal que actuaba en el caso Súmate y pretendía que la Fiscalía era un poder distinto al Poder Judicial".

Sentido jurídico

Para la magistrada esta acción no tiene ninguna explicación porque "no tiene sustento jurídico", ni de derecho alguno. Sin embargo, no descartó que otros factores estén interesados en apartarla de sus funciones como magistrada. Afirmó que su destino, de darse a lugar esta petición, será seguir luchando por la libertad, la justicia y la democracia.

La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol, espera ejercer su derecho a la defensa ante la Asamblea Nacional, tras la solicitud que hizo el Poder Moral para que se proceda a su destitución por un caso de 2004 relacionado con la organización Súmate.

La magistrada indicó que el caso en cuestión es una "vieja historia", que data de "cuando se solicitó ante la Sala Penal un avocamiento por parte de la organización Súmate, avocamiento que nunca se llegó a decidir, por lo menos de mi parte, porque mi actuación se redujo a solicitar el expediente por parte de los magistrados de esta Sala para ver si se cumplían las irregularidades que alegaban", explicó.

Prosiguió indicando que "la Sala Constitucional dio por terminado el asunto en noviembre del año pasado". Para que sea efectiva su destitución del máximo tribunal, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional deberían votar en su contra, en una decisión inapelable. Explicó Mármol, sin embargo, que en este caso se trata de un camino "poco transitado", por lo que se conocerá del proceso a medida que avance.

De Interés

La defensora de la República, Gabriela Ramírez y el contralor Clodosbaldo Russián, solicitaron ayer a la Asamblea Nacional (AN) la remoción del magistrado Carlos Oberto Vélez. El abogado era imputado por la partición de bienes de la herencia entre las familias Capriles López y Capriles Canizaro, propietarias de los diarios Últimas Noticias y  El Mundo. Según los integrantes del Consejo Moral Republicano, el comportamiento de Oberto Vélez en este juicio "atentó contra la ética pública, al no ser imparcial en el juicio". El expediente del magistrado será remitido al Poder Legislativo donde será analizado y determinado.