El déficit habitacional del estado Anzoátegui supera las 100 mil casas. La ciudad de Barcelona requiere la construcción de 5.000

Los cerros de Guanta han sido invadidos

Asimismo, ordenó quitar a las personas que hayan ocupado ilegalmente, la  primera opción de comprar una vivienda, para así solucionar su situación habitacional.

Bajo la lupa

En horas los invasores construyen casas con láminas de zinc

“Nosotros cuando conseguimos ocupaciones ilegales redactamos un informe y lo remitimos al Ministerio Público (MP). A su vez, este órgano dicta una medida de desalojo, si los invasores se niegan a mediar”.

Fuenmayor sostuvo que aunque no son el ente sancionatorio, están dispuestos a asumir las líneas del presidente Chávez en cuanto a evitar la propagación de las ocupaciones ilegales,  pero que deben contar con la colaboración de toda la estructura gubernamental local.

“En la avenida Argimiro Gabaldón (antigua vía Alterna) hemos detectado ocupaciones que se encuentran en lugares propensos a deslizamientos. En el pasado más de 100 hectáreas fueron afectadas a consecuencia de las invasiones”, acotó.

Visiones

El presidente del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (CLE), Juan Guaramaima, expresó que en el año 2005, el gobernador Tarek William Saab emitió un decreto para combatir las invasiones, en respaldo a las políticas nacionales, por lo tanto estas acciones son inconcebibles a pesar de la existencia de tierras ociosas. Guaramaima manifestó que la conformación de Organizaciones Comunitarias de la Vivienda (OCV) y comités de tierra urbana y rural, son requisitos importantes para la obtención de una vivienda de manera legal, para  estas familias de escasos recursos económicos.

Según el comandante en jefe del Comando Regional Número Siete (CORE 7), general de brigada Francisco Ortega Castillo,  el plan “No a la invasión”, en el estado Anzoátegui, va contar con un componente de funcionarios para hacer frente a las ocupaciones ilegales de tierra.

“El Gobierno viene desarrollando importantes proyectos en materia habitacional en la entidad. No estoy de acuerdo con aquellas personas que invaden en lugares ya planificados para su desarrollo”, apuntó.

Ideales

A los ocupantes ilegales no les importa el riesgo que puedan correr

Entre tanto, la síndica procuradora encargada del Municipio Bolívar, Yaneth Narváez, dijo que en la ciudad de Barcelona existe una gran cantidad de terrenos ociosos, lo cual hace imposible llevar un control preciso.  “De 80 OCV les dimos sus títulos de tierra a diez, las demás están en proceso de tramitación de documentos”, sostuvo.

Vale destacar que en el estado Anzoátegui el déficit habitacional supera las 100 mil casas. La ciudad capital requiere la construcción de aproximadamente cinco mil viviendas para dar solución a familias de escasos recursos. El Municipio Urbaneja es el único de la región que no registra invasiones.

Por su parte, el sociólogo Carlos Martínez señaló que las invasiones en los actuales momentos son ejecutadas por personas en busca de enriquecerse de manera ilegal, ante la obtención de la desafectación y otorgamiento de la titularidad del terreno. Igualmente, las invasiones han sido un mecanismo de presión paralelo a concreción de proyectos.

“Más de 200 familias invadieron el edificio El Polígono en la ciudad de Barcelona. Gracias a estas acciones las autoridades municipales y estadales les han otorgado la prioridad en el desarrollo de un nuevo plan de viviendas”, precisó.

Organizados

Carlos Castillo, vicepresidente del Movimiento Bolivariano de OCV, sostuvo que rechazan las ocupaciones, y en diversas oportunidades han servido de ente mediador para levantar irrupciones ilegales. “A través de las invasiones en realidad no se logran los objetivos. La organización de las comunidades es el camino a tomar”, manifestó. Para Esteban Aguilera, residente de Boyacá III, la invasión sigue siendo la vía para optar a una vivienda digna a pesar de ser una actividad fuera de los marcos legales. “Invadir es lo que nos queda a los pobres”, enfatizó.

Mano dura

En la mayoría de las invasiones carecen de servicios públicos

Según los censos realizados por los entes gubernamentales, solamente en  Sotillo y Guanta existen 37 ocupaciones ilegales y la mayoría tienen más de tres años consolidadas. El prefecto de Puerto La Cruz, Ronald Padrino, manifestó que en la jurisdicción porteña desde finales del año pasado se ha venido trabajando en el desalojo de ilegales y realizando censos para dar soluciones habitacionales a estas  personas,  por lo que la implementación del plan será mucho más fácil.

“Antes que el Gobierno nacional diera las directrices, los funcionarios de las prefecturas de Sotillo, bajo las órdenes y orientación del alcalde Nelson Moreno, ya  habíamos  emprendido una  lucha en contra de este flagelo, de la mano con  la Defensoría del Pueblo en la entidad, organismo que se ha encargado de velar por los derechos de estos ciudadanos”, expresó Padrino.
 
Destacó que en la zonas rural y alta de Puerto La Cruz hay registradas 32 invasiones colectivas. Mientras que su homólogo en la parroquia Pozuelos, Juan Aquias, informó que de estas irrupciones, 14 están establecidas desde  2006  en las comunidades rurales La Floresta, El Vidoño, Colinas del Limón, Valle Verde y otros sectores. Los funcionarios indicaron que los ocupantes ilegales que están constituidos en Organizaciones Comunitarias de Viviendas, no han sido ni serán desalojados. “El 70% de los invasores se encuentran agrupados en OCV,  y ya han hecho los trámites legales necesarios  para comprar los terrenos y canalizar proyectos habitacionales con el Instituto Municipal de la Vivienda de Sotillo”.

Las autoridades porteñas también señalaron, que basándose en el decreto municipal número 002, la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra en Asentamientos Urbanos Populares y el decreto regional, donde se prohíben las invasiones, continuarán trabajando para que el número de ocupaciones no se incremente, respaldando de esta manera el plan “Cero invasión”.

En Guanta

Las carreteras en estos sectores son intransitables

“Cada vez que se origina una ocupación ilegal, nosotros nos dirigimos hasta estos lugares, para conjuntamente con la Dirección de Catastro realizar censos, a fin de saber cuántas personas invaden y calcular la cantidad de casas que hacen, para  luego solicitar al Instituto de Vivienda del Municipio portuario, la ejecución de proyectos habitacionales”, dijo García.

Asimismo comentó que en el sector  Santa Bárbara  se organizaron en OCV, y que se tiene listo un plan habitacional para estas personas, pero  este no ha avanzado debido a que los terrenos donde están ubicados pertenecen al Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (Fogade), y no se los han querido vender a la Alcaldía. Por último apuntó que en Guanta existe un déficit de más de dos mil viviendas.