Sector oficial cree en política económica uniforme

Especialista asegura que estamos en un franco retroceso a los años 60

Los puertos y aeropuertos pueden volver a ser administrados por la presidencia. Foto: Ramón Mariño

Lo más destacado de las reformas es la transferencia de la administración y manejo de puertos y aeropuertos al Ejecutivo nacional, quedando las gobernaciones sin potestad alguna dentro de estos espacios. Al respecto el abogado constitucionalista y civil, Armando Orocopey, explicó que la medida “desencadenaría un gran desastre, “en cada estado se conocen  bien los insumos, servicios y cómo se maneja a este tipo de instituciones”.

Orocopey resaltó que ahora las gobernaciones no van a tener ninguna injerencia en estos espacios, inclusive en los aportes que genere la utilización de los mismos. Las más destacadas son las tasas aeroportuarias y tasas de funcionamiento, “no está claro en la reforma a dónde va ir ese dinero”.

Según el especialista en leyes, esto provocaría la disminución de la capacidad de trabajo, “En todos los estados se necesita atender de forma directa los espacios económicos, estaríamos regresando al pasado, es un franco retroceso a los años 60”.

Opiniones encontradas

El director de Administración y Finanzas del estado Anzoátegui, Roberto Peido, destacó que esta ley “persigue reafirmar la soberanía del estado”.

Indicó que los puertos tienen gran importancia en la economía de las entidades, “en consecuencia independientemente de que reconozcamos que en los estados existen personas capacitadas para el manejo de estas situaciones, también debe existir una sola política nacional para salvaguardar la soberanía del estado”.

Destacó que la nueva Ley de Puertos y Aeropuertos permite establecer una política uniforme y definida con respecto a todas las entidades del país. Añadió que las nuevas normas integran un desarrollo conjunto de los estados.

Por su parte la superintendente del Servicio Autónomo Bolivariano de Administración Tributaria (Sabat), Yaneth Narváez, afirmó que en caso de afectar a los municipios debe haber un paliativo. Descartó que la normativa pueda desproteger económicamente a la entidad.

El Dato

El abogado constitucionalista y civil, Armando Orocopey, resaltó que se puede solicitar luego de la promulgación de la ley un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero en este caso fue el TSJ el que exhortó a la Asanblea Nacional a realizar las discusiones necesarias para que la administración volviera al manejo de la nación.